Por Felipe Balmaceda, UNAB-Instituto de Políticas Económicas, MIPP, ISCI
La ley corta de pensiones es no solo corta, sino que también tardía. Este gobierno se ha caracterizado por su escasa capacidad para anticiparse a las malas propuestas hechas por el Congreso, y ha carecido de convicción para defender sus postulados.
La ley corta anunciada establece un aumento de la pensión básica solidaria a $177 mil mensuales, un aumento de la cobertura del 60% al 80% de los pensionados, y la obligatoriedad del seguro de cesantía de pagar las cotizaciones y el seguro de invalidez y sobrevivencia para los desempleados. Todo esto a un costo de US$ 1.600 millones.
Toda vez que se destinan más recursos para los más necesitados de forma sustentable es loable. Sin embargo, en las circunstancias actuales, no es el caso. Tanto la Comisión Marcel (2006), como la Comisión Bravo (2015), propusieron mantener y mejorar el sistema de capitalización individual, y el Pilar Solidario. Los gobiernos y congresos correspondientes ignoraron en su mayoría estas recomendaciones y el actual Congreso promueve abiertamente la destrucción del sistema de capitalización individual. El gobierno en su incapacidad de anticiparse a los retiros propuso, a última hora, un retiro del 10% para evitar el 3er retiro, y ahora proponen una mejora al Pilar Solidario con el fin de convencer a sus parlamentarios de oponerse al 4to retiro. En resumen, el gobierno llega tarde y mal con sus propuestas, y no es capaz de alinear a sus legisladores, que en plena campaña electoral ven con buenos ojos destruir el sistema de pensiones con el fin de ser reelegidos, y así mantenerse recibiendo los beneficios que ostenta el cargo.
Sin embargo, la verdad es una: sin capitalización individual y sin un buen Pilar Solidario, no hay pensiones dignas. En este contexto, cuesta celebrar una ley que es el resultado de la improvisación, y que no se inserta en una propuesta coherente para mantener la capitalización individual y, de paso, la posibilidad de mejorar las pensiones. El problema de las pensiones no es el sistema de capitalización individual, ni menos las AFP. El problema está en la informalidad del mercado laboral, la baja tasa de cotización, los bajos sueldos debido a la baja productividad del trabajador chileno, el débil Pilar Solidario, el envejecimiento de la población y la temprana edad de jubilación, y la baja adopción de la modalidad rentas vitalicias. Todas mencionadas en las respectivas comisiones, y que los gobiernos y congresos anteriores tuvieron la oportunidad de solucionar.
Ya no hay nada que hacer, la ley corta es demasiado corta y tardía para tener los beneficios que se supone que tendrá, y detener a un Congreso populista con escasa preocupación por las pensiones y, más generalmente, por el bien común.
