Demora en evaluación ambiental

Las cifras recientes del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reflejan una preocupante realidad: en la última década, los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental han aumentado en un 82%, mientras que las Declaraciones de Impacto Ambiental han sufrido una demora del 53%. En términos concretos, esto significa que los tiempos de evaluación, que ya eran significativos, han alcanzado niveles que crean incertidumbre adicional y desincentivan el desarrollo de nuevas iniciativas en el país.

Las razones detrás de este fenómeno son múltiples. Se han multiplicado los requisitos normativos, se ha ampliado la participación ciudadana y, sobre todo, se ha generado un sistema de reclamaciones que permite que cada etapa del proceso pueda ser judicializada, ralentizando la aprobación de proyectos. Es evidente que la legislación ambiental debe ir mejorando los estándares y adecuándose a la nueva realidad productiva de un país. Sin embargo, en Chile este proceso ha derivado en un exceso de burocracia que, lejos de equilibrar el desarrollo con la protección del medio ambiente, ha impuesto barreras que generan costos sociales y económicos cada vez más altos.

La permisología se ha transformado en un problema estructural: el Estado ha incrementado su capacidad regulatoria sin fortalecer su capacidad de gestión. Requisitos más complejos y numerosos exigen más tiempo a las múltiples instituciones que intervienen en el proceso para analizarlos, mientras en paralelo se han incrementado los grados de discrecionalidad, todo lo cual ha creado incentivos para judicializar el avance de iniciativas. En este contexto, cualquier grupo de interés puede frenar proyectos de inversión, transformando el debate ambiental en una herramienta de bloqueo en lugar de un espacio de mejora regulatoria.

Los resultados de este deterioro en el proceso de aprobación ambiental son evidentes. Chile está perdiendo competitividad frente a otros países que han logrado equilibrar de mejor manera la protección ambiental con la agilidad en la tramitación de proyectos. El impacto de esta realidad queda reflejado no solo en la lentitud con la que ha avanzado la inversión privada en los últimos años, sino también en el rezago que exhibe la infraestructura pública y en el lento avance en sectores estratégicos como la energía y la minería, claves para el desarrollo del país.

Es urgente, por tanto, que la discusión del proyecto de permisos ambientales logre de manera efectiva combinar altos estándares de sostenibilidad con plazos razonables de tramitación. Esto no implica debilitar los mecanismos de protección ambiental ni restringir la participación ciudadana, sino establecer procesos más predecibles y eficientes, evitando la arbitrariedad, eliminando redundancias y limitando la judicialización abusiva.

Si no logramos terminar con la permisología y reducir los tiempos de tramitación y dar certeza jurídica a quienes invierten su capital en Chile, el país seguirá perdiendo oportunidades de inversión, con consecuencias directas en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Es momento de reconocer que la sostenibilidad no se logra con trámites interminables, sino con regulaciones claras, procesos expeditos y un Estado que, en lugar de ser un obstáculo, sea un facilitador del desarrollo sostenible.