Denuncias de extorsión en Santiago 1

Tras la publicación en este medio de un reportaje que dio cuenta de gravísimas situaciones de extorsión al interior del recinto penal Santiago 1 -ilícitos que son llevados a cabo por los mismos reclusos-, se han sucedido una serie de reacciones por parte de la autoridad, como por ejemplo el inmediato traslado a otros recintos del país de más de 40 internos de alta peligrosidad, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera. Según se ha hecho ver, dichas extorsiones serían una manifestación más de bandas asociadas con el crimen organizado.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, la presentación de un recurso de amparo por parte de un interno que denunciaba haber sido objeto de graves torturas alertó al presidente del primer juzgado de garantía de Santiago, quien sin previo aviso se personificó en Santiago 1. Allí pudo constatar in situ la existencia de organizaciones que operan al interior del recinto -integradas principalmente por extranjeros- que violentan a otros reos, envían videos a sus familiares y solicitan cuantiosas sumas de dinero, a cambio de perdonarles la vida. Durante su recorrido, el magistrado incluso fue testigo de cómo un interno estaba siendo vejado por otros reclusos en uno de los baños, siendo la víctima amenazada de muerte ahí mismo si es que “abría la boca”.

La realidad que quedó al descubierto al interior de este penal desde luego vuelve a recordar las deplorables condiciones de hacinamiento y violencia que se vive en muchas cárceles chilenas, realidad que ha sido denunciada reiteradamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como por informes de la propia Corte Suprema. La naturalización de este tipo de prácticas no solo supone transgredir abiertamente la ley, sino que constituyen atentados a la dignidad humana de las que el Estado y sus organismos se desentienden. La privación de libertad decretada por un tribunal de ninguna manera puede implicar castigos no previstos en los reglamentos, torturas físicas o psicológicas ni ningún tipo de maltrato, siendo deber del propio Estado asegurar las condiciones materiales y de seguridad elementales de la población penal a su cargo.

Las autoridades de gobierno así como Gendarmería deben aclarar por qué hechos como estos no pudieron ser apropiadamente descubiertos y controlados por el personal interno, y en cambio sí pudieron ser develados en una sola visita judicial. También resulta urgente un cambio de protocolos por parte de Gendarmería, pues si bien las condiciones de hacinamiento complican el manejo de la población penal, es fundamental no mezclar reos de alta peligrosidad con aquellos que no tienen prontuario previo o cumplen medidas cautelares por delitos menos graves.

Además de su dimensión ética, hechos como estos deben ser un potente llamado de atención sobre el alcance que está adquiriendo el crimen organizado y sus esquirlas de extrema violencia. El propio director de la PDI alertaba hace unos días acerca de los inusitados niveles de violencia que se observan en la comisión de delitos, rememorando las prácticas propias de carteles internacionales, varios de los cuales ya tienen presencia en Chile. Como ya se ha alertado antes en estas mismas páginas, el crimen organizado se trata de una de las principales amenazas que enfrenta hoy el país, y por tanto debe ser una prioridad en materia de seguridad.