¿Derecho al agua? No tan rápido

Por Luis Eugenio García-Huidobro, Centro de Estudios Públicos

Una importante decisión de la Corte Suprema ha pasado casi inadvertida en el último tiempo. Invocando tratados internacionales y recomendaciones de organismos multilaterales, ha declarado la existencia de un derecho humano de acceso al agua, precisando que existe un deber estatal de garantizar el acceso al agua potable en una cantidad mínima de 100 litros diarios por persona.

Curiosamente, poco después de esta decisión, el gobierno adelantó algunas de las propuestas que conforman una profunda reforma a la institucionalidad de aguas que se anunciará durante este mes y que busca superar el caos regulatorio imperante.

Coincidencia o no, ambos hechos ilustran una gran carencia del constitucionalismo latinoamericano: reconocer derechos cuyo cumplimiento será incierto. Son muchos los ejemplos que evidencian la inutilidad de constitucionalizar derechos que involucran prestaciones, cuando su cumplimiento está entregado a burocracias que tienen pocas o nulas herramientas para cumplirlos.

Es importante vincular ambos hechos con la realidad, sobre todo con miras a nuestra discusión constitucional. Existen varias propuestas que en forma transversal abogan por el establecimiento de un derecho en la línea de lo resuelto por la Corte Suprema.

Ello no debe sorprendernos. Aunque no existen mayores indicios sobre cómo este reconocimiento puede ser beneficioso, ello será finalmente una decisión política sobre la que parece existir acuerdo transversal.

Lo que si resulta sorpresivo es la inacción de los autores de tales propuestas respecto de los otros aspectos que este derecho supone. Actualmente existen en el Congreso tres proyectos de reforma constitucional para reconocer el derecho al acceso al agua y otros dos para declararlo un bien de uso público. Hay también más de treinta propuestas de reforma al Código de Aguas y varias más que promueven favorecer el acceso a recursos hídricos entre grupos de riesgo. ¿Por qué no avanzar también a nivel legislativo para crear las condiciones que permitan la viabilidad de este posible nuevo derecho?

Aquí es donde cobra importancia las propuestas que anunciará el gobierno. Ellas reflejan el trabajo que por más de un año realizó la Mesa Nacional de Agua y que involucró consultas populares y otras instancias de participación ciudadana. Con este trabajo se busca propiciar un marco legal y una infraestructura estatal que permitan hacer frente a los desafíos que suponen la creciente escasez hídrica y las amenazas del cambio climático, abordando la multiplicidad de aspectos involucrados en un problema de esta envergadura.

Para mejorar el acceso al agua potable es entonces imprescindible contar con la voluntad política para avanzar realmente, sea apoyando el proyecto del gobierno o bien alguno de los muchos que hoy duermen en el Congreso. De lo contrario, estas sentencias judiciales o cambios constitucionales seguirán siendo anécdotas para académicos y promesas incumplidas para la ciudadanía.