Desafío clave del nuevo gobierno

Por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas PUC

A días de que se haya iniciado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la nueva versión de la Encuesta Bicentenario UC nos entrega algunas pistas de los desafíos que tendremos en este ciclo político. Uno de los datos más inquietantes es que la confianza institucional continúa a la baja, y las instituciones que presentan resultados más críticos son justamente las orientadas a lo público: parlamentarios, partidos políticos, tribunales de justicia y gobierno.

Si bien esto no es una sorpresa -Chile nunca ha sido un país donde haya habido mucha confianza-, es preocupante para la gobernabilidad del país, puesto que la confianza no es solo un importante valor social, sino también un elemento vital para las políticas públicas. Como definimos en un estudio del Centro de Políticas Públicas UC, en 2015, la confianza es “la creencia o expectativa de optar por cooperar con otros, a pesar de no tener plena certeza sobre la capacidad y disposición de ese otro de velar por mi integridad o intereses”. De esta manera, la capacidad de implementar reformas o programas con éxito depende de manera crucial de la confianza depositada en los gobiernos y sus instituciones. Un ejemplo es el reciente proceso de vacunación en nuestro país, evaluado internacionalmente como exitoso. Una de las claves ha sido precisamente la confianza. Podemos tener un buen sistema de vacunas, pero si las personas no confían, no se vacunan.

Es interminable la lista de beneficios que conlleva tener índices saludables de confianza: mayor cooperación, mayor cohesión social, incluso hay estudios de la OCDE que demuestran que la confianza en el gobierno se correlaciona con la confianza en el mercado financiero. También, un reciente estudio del BID muestra que la confianza se correlaciona con productividad.

El desafío, entonces, es cómo construir confianza. La Encuesta Bicentenario nos muestra que ésta se explica a través de tres parámetros: cuán preparadas están las instituciones, qué tan orientadas hacia el bienestar de la sociedad, y cuán íntegras son. En ese sentido, las medidas que buscan aumentar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, o las sanciones a los fraudes y corrupciones, debieran ir acompañadas de un proceso de reconstrucción de la reputación y credibilidad de los actores políticos.

En otras palabras, la buena implementación de las políticas públicas no solo requiere de un buen diseño e instituciones probas, sino que también se necesita de la disposición de la ciudadanía a colaborar en su desarrollo, y esto depende de la confianza. No existe una receta mágica, pero no cabe duda de que requerimos mejorar los índices de confianza si pretendemos construir un mejor país. Esto debiera ser un objetivo estratégico del ciclo que comienza.