SEÑOR DIRECTOR:
La reciente encuesta de la consultora ORC revela que cinco millones de venezolanos tienen la intención de abandonar su país este año, un flujo migratorio que podría tener un impacto significativo en Chile, considerando que nuestro país recibe aproximadamente el 10% de estos movimientos. La señal que ha dado el gobierno a través de su política migratoria de diciembre de 2023 es que si ingresan clandestinamente, pero trabajan -sin autorización-, igual se les puede entregar una visa, lo que es alarmante y perjudicial para el orden y la seguridad.
A su vez, no comparto las declaraciones del subsecretario del Interior, que después de su viaje a Venezuela en enero a firmar convenios, ahora plantea que lo importante es registrar a quienes entran si lo hacen de forma clandestina, y no enfocarse en evitar este ingreso. Este enfoque es insuficiente y no aborda la complejidad de un país que ha recibido más de un millón de extranjeros en pocos años, y 110 mil ingresos ilegales desde el 2022 según los datos de la PDI. La incapacidad de devolver a extranjeros no bolivianos que ingresan clandestinamente por Bolivia, por decisión de la actual administración que lo prohíbe desde abril de 2022, no solo es un fallo de gestión y falta de capacidad, sino también un reflejo de una agenda ideológica reciente cuando se oponían a una migración responsable.
Es urgente que se adopten medidas más firmes y coherentes para manejar esta situación, garantizando una migración ordenada y segura. La falta de acción solo agravará los desafíos ya existentes, afectando la cohesión social y la seguridad nacional.
Álvaro Bellolio
Director Escuela de Gobierno UNAB, Ex director nacional de Migraciones
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