Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile; ex ministro de Relaciones Exteriores
El gobierno del presidente electo Gabriel Boric encontrará un mundo crecientemente dividido y enfrentado entre las grandes potencias. El ascenso económico de China, las hostilidades con los EE.UU., que persisten y se ahondan aún más con la actual administración de Biden, arrastran también a Europa, al tiempo que reducen y dificultan los márgenes para la “equidistancia” de países como el nuestro. Estamos ante un giro de tal proporción que la sociedad civil y las empresas occidentales han comenzado a observar con preocupación la política exterior de China, con valores diferentes a aquellos en los que descansan sus modelos sociales y económicos. Es posible que en esta nueva ecuación se estén leyendo con más cuidado factores como la productividad, el sobreendeudamiento y el rápido envejecimiento poblacional de China, como asimismo el valor político que importa la irrupción de India como nuevo actor mundial.
Aun así, ni Chile ni la región -con economías dependientes del comercio exterior-, quedarán al margen de esta complejidad, y ante ello será necesario alentar un regionalismo (o microlateralismo) que construya un lenguaje que acomode al país. Será conveniente fijar áreas críticas para la economía, el medio ambiente, la convivencia social y política, también en nuestro desarrollo tecnológico, con el fin de fortalecer el rol de organismos multilaterales y regionales en la defensa de los intereses nacionales. Las naciones de nivel intermedio como Chile, fuertemente abiertas en sus economías y con regímenes democráticos, requieren certeza jurídica para desarrollarse en libertad y mitigar las decisiones discrecionales o arbitrarias.
Bajo estas premisas, el principal desafío para el presidente Gabriel Boric será cautelar la independencia internacional de Chile, y ante este desafío el multilateralismo se convierte en el espacio desde el cual nuestro país puede resguardarse o aminorar los efectos adversos del conflicto mundial. Ello impulsará a tener miradas más pragmáticas de los organismos en los que participemos, demandando de ellos mayor eficiencia, productividad y proactividad. La ausencia de una estructura internacional sólida, eficiente y eficaz en Latinoamérica dificulta, mas no impide, utilizar algunas instancias regionales para abogar por un mundo más justo y seguro. Por lo tanto, serán necesarias perspectivas de Estado, que trasciendan gobiernos y atiendan de cerca los intereses de Chile y sus habitantes.
El nuevo gobierno tendrá, sin lugar a dudas, una prueba de fuego no menor al momento de resolver su posición respecto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que representará el 28% del comercio mundial y que fue impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet. Parte importante de sus fuerzas políticas lo han rechazado y demonizado. Este acuerdo debe ser leído más que bajo una matriz económica, bajo una política, ya que posibilita la creación de un espacio de intercambio comercial que fertilice finalmente el camino hacia reglas claras y ordenadas de un orden comercial multilateral y respetuoso de valores esenciales. Este objetivo puede alcanzarse también ratificando el acuerdo con la UE, al igual que con otros estados que adhieran a la democracia y el libre comercio.
Finalmente, urge renovar la agenda vecinal y regional de Chile, asentándola sobre tres pilares: convergencia estratégica de intereses, integración productiva y eficiente, y agenda emergente. Temas como la democracia, el respeto a los derechos humanos, la política antártica, riesgos comunes, manejo de recursos naturales compartidos, integración física y tecnológica, y la migración, requieren miradas nuevas, equilibradas y de futuro. Sobre esto último, apura convertir a la migración, ordenada y segura, en una política de Estado, atendido el veloz envejecimiento poblacional en Chile y resguardando, también, altos estándares de seguridad en las fronteras de la comunidad latinoamericana.
