Desafíos para el Estado en materia educacional

El año 2023 ha dejado un balance particularmente complejo en el ámbito educacional, considerando los elevados niveles de ausentismo escolar que siguen presentándose sobre todo en la educación pública, revelando que aún no acaban de comprenderse los graves efectos que una situación como esta acarrea para la integridad y formación de los alumnos.

Un reciente estudio de AcciónEducar, con datos a noviembre del año pasado, indica que casi 200 mil estudiantes perdieron más de la mitad del año escolar, lo que equivale al 6,4% de la matrícula nacional que recibe fondos públicos. A su vez, los establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) -entidades donde serán traspasados los colegios bajo dependencia municipal, proceso que se va implementado de forma gradual- son los únicos que, en promedio, experimentaron una baja en la asistencia promedio y un aumento de la inasistencia grave, según consigna el informe. La situación es todavía más crítica en el SLEP de Atacama, justamente la instancia que el año pasado fue protagonista de un prolongado paro de profesores, que se extendió por más de 60 días y dejó sin clases a unos 30 mil alumnos.

Respecto de la inasistencia grave, considerando todos los colegios que reciben fondos públicos se advierte que en noviembre representó el 29% de la matrícula, un nivel que si bien supone un avance respecto de lo observado en junio, cuando alcanzó un 44%, sigue siendo una marca muy poco satisfactoria.

Por estos días el Colegio de Profesores ha denunciado que los establecimientos de Atacama siguen presentando deficiencias graves, algo que el Ministerio de Educación relativiza, pues indica que hay una serie de trabajos en marcha y los problemas más graves se concentran solo en algunos colegios. Es lamentable que estando a punto de comenzar el año escolar, estalle una polémica que genera mucha incertidumbre.

Las cifras de inasistencia grave, que afectan sobre todo a los colegios del sistema público, deben ser un llamado de atención para las autoridades de educación. El alto número de estudiantes que ha perdido parte del año escolar es indicativo de que las políticas implementadas por la autoridad no han sido todo lo prioritarias que habría cabido esperar, considerando el gravísimo impacto que la pandemia dejó sobre los procesos de aprendizaje. En un escenario así normalizar la asistencia escolar y asegurar el máximo posible de horas de clases debería ser el objetivo central de cualquier política educacional del Estado, lo que entre otros aspectos supone que la autoridad debe revisar en profundidad la forma en que están operando los SLEP no solo en Atacama, sino en todos aquellos lugares del país donde ya se han implementado o están en pleno proceso de traspaso.

A los problemas de los SLEP se agregan ahora los varios colegios que han sido destruidos o dañados por los incendios, afectando por ahora a una matrícula de poco más de mil alumnos. El gran desafío que tiene el Estado para este año es definitivamente revertir estas estadísticas y asegurar que el mayor número de estudiantes asista con normalidad a clases.