Por Eugenio Celedón, socio de Hidrogestión
En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas indicó que tanto el derecho humano al agua como al saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Dicho esto es que valoramos especialmente que el pasado mes de noviembre entrara en vigencia la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales, la cual modifica en forma sustantiva la administración y gestión de los sistemas de Agua Potable Rural (APR). Esta iniciativa constituye dos importantes hitos en la historia hídrica del país: es la primera vez que existe una ley que regula los sistemas de APR, lo cual implica un plan de desarrollo y de inversiones permanente por parte del Estado; y reafirma el rol de los comités de administración de los servicios en manos de los usuarios, valorando el compromiso y la responsabilidad ciudadana.
La nueva legislación, que beneficia a cerca de 1.900 sistemas de APR del país, es decir, aproximadamente 1,7 millones de personas en localidades rurales concentradas y semiconcentradas, permitirá también un mayor crecimiento y desarrollo de estas organizaciones pública-comunitaria, un valor fundamental considerando que, actualmente en Chile, más de 478 mil hogares no cuentan con agua potable o alcantarillado, especialmente en zonas de actividades productivas con alta demanda de agua como la agricultura y minería.
Esto último constituye un tremendo desafío país a nivel de Estado y de asociación público-privada, tomando en cuenta que, además de velar por el abastecimiento de agua potable, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), deberá abordar el saneamiento de aguas servidas en zonas rurales, donde la cobertura de alcantarillado no supera el 25%.
Hoy, el programa de APR se financia íntegramente con fondos estatales, del orden de $141.000 millones (Ley de Presupuestos Año 2020), destinados a asesoría técnica, creación de nuevos sistemas de APR y mejoramiento de los ya existentes. Ahora se requerirá un nuevo plan con metas, plazos y recursos presupuestarios efectivos para alcanzar el 100% de cobertura en las zonas rurales, dadas las limitaciones hídricas y el bajo estándar de muchas de estas soluciones, puesto que históricamente el Estado no ha invertido de manera significativa en localidades dispersas por su baja rentabilidad social.
De acuerdo con cifras contenidas en el Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua, frente a la compleja situación de sequía, hoy existen 113 sistemas de APR -con distintos grados de afectación- que entregan suministro a 100 mil personas, y se estima que hay alrededor de 950 que no están bajo el alero del MOP y que han sido construidos con financiamiento municipal o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los que suelen ser de menor escala y menor calidad de servicio.
Los Comités de APR, bajo el liderazgo y compromiso de cientos de dirigentes, han dado vida a un exitoso modelo público-comunitario de abastecimiento, con un profundo sentido solidario de beneficiar a los vecinos más vulnerables. Ahora es necesario dar curso a la nueva legislación y acompañarla desde el lado de la Ingeniería, por medio del desarrollo de estudios hidrogeológicos y una metodología de fortalecimiento en la capacitación y desarrollo de esos servicios, apoyado en las unidades técnicas y en la DOH, para facilitar una gestión eficiente y responsable de las cuencas y un compromiso fundamental con el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
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