Desalojo de toma en San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que no procede extender el plazo para llevar a cabo el desalojo de la toma en La Virgen y Centinela en San Antonio, donde actualmente residen ilegalmente unas 10 mil personas. El tribunal ya había acogido en 2023 un recurso de protección de la inmobiliaria propietaria de los terrenos, estableciendo un plazo máximo de cuatro meses a los ocupantes para que hicieran abandono de los predios. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024, prorrogando el plazo, el que se cumplió a fines de enero pasado.

La Delegación Presidencial había buscado a fines del año pasado extender el plazo por un año más, para así dar tiempo a que las negociaciones entabladas entre el Ministerio de Vivienda, los ocupantes y el propietario pudieran llegar a puerto, lo que no fue aceptado. Una de las fórmulas que se explora es que los habitantes constituyan cooperativas para de esa forma adquirir los terrenos, pero las tratativas han marchado mucho más lento de lo previsto.

La autoridad ha hecho ver la complejidad que reviste el desalojo de miles de personas, en particular poder disponer de una cantidad considerable de carabineros, y ante la falta de medidas concretas ahora arriesga caer en desacato, a menos que tenga lugar alguna acción jurídica de último minuto.

Ciertamente que la situación es delicada, y naturalmente que la autoridad deberá analizar cuidadosamente los pasos que se deberán dar para manejar esta situación, pero lo cierto es que un fallo judicial no puede quedar sin ejecución. La Corte acertadamente ha reconocido que se han vulnerado flagrantemente los derechos de propiedad, un cambio valioso de criterio considerando que hasta 2022 era manifiesto su criterio de aplazar los desalojos, instando a que las partes alcanzaran acuerdos, algo que claramente vulneraba los derechos de quienes eran objeto de la usurpación. Si el Estado dilata la ejecución de lo instruido por los tribunales, es evidente que se produciría una manifiesta vulneración del estado de derecho, y con ello se seguiría alentando la extendida práctica de las tomas de terrenos.

En las tomas hay de por medio situaciones sociales de mucha complejidad, pero es tarea de las políticas sociales resolver dichas materias, donde la carga no puede ser traspasada a quienes ostentan legítimos derechos de propiedad.

Lo que está ocurriendo en San Antonio debe resultar ilustrativo sobre los riesgos de consentir que las tomas sigan utilizándose como mecanismo de presión o como solución transitoria a los problemas de vivienda. Dicha ocupación comenzó en 2019, y ante la falta de acción del Estado se permitió que este asentamiento se masificara hasta sumar miles de familias. No puede alegarse entonces que se ha carecido del tiempo suficiente para haber solucionado este problema mucho antes. Si la autoridad intentó buscar una salida por medio de favorecer negociaciones que permitieran la compra de los terrenos -una solución a la que los propietarios han estado abiertos-, es un hecho que el proceso ha marchado con demasiada lentitud, y ahora que se han vencido los plazos deberán agilizarse al máximo, o proceder con el desalojo sin más demora.