SEÑOR DIRECTOR:
Cuando pregunto a estudiantes nuevos si el derecho de propiedad nos permite hacer lo que queramos si somos dueños, la mayoría responde que sí. Pero la opinión cambia cuando les planteo un escenario distinto: ¿Qué pasaría si quisiera instalar una fábrica de explosivos en mi terreno, justo al lado de una escuela básica? Entonces surge la duda: ¿Realmente puedo hacer lo que quiera con mi propiedad?
La visión liberal absoluta del derecho de propiedad, propia de los siglos XVIII y XIX, concebía este derecho como individual y absoluto. Sin embargo, con el tiempo ha debido adaptarse a las crecientes necesidades sociales: la resolución de conflictos, la planificación urbana, la protección de derechos humanos, entre otras. ¿Qué ocurriría si no existiera regulación al respecto? La historia nos da la respuesta: pobreza, enfermedad y violencia.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando mi derecho de propiedad se enfrenta a la realidad de miles de personas que habitan en mi terreno? ¿Puedo imponer mi visión individualista y absoluta a toda costa? ¿Tengo derecho a retroceder más de dos siglos y hacer valer mi propiedad por la fuerza, sin considerar la utilidad y necesidad pública?
Nuestra normativa constitucional entrega la respuesta, y lo hace desde hace más de dos siglos: cuando todos los demás mecanismos fallan, el camino es la expropiación regulada y legítima, con la debida indemnización; porque el Estado y los particulares no pueden ser cómplices en el surgimiento de una crisis humanitaria, no en esta época.
Carlos Muñoz Lecerf
Abogado, contador y docente
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