Desastre de Rancagua

SEÑOR DIRECTOR

La escalada de hechos que se han vivido en la región de O'Higgins, develada en una serie de aristas que logran complicar lo suficiente la situación, merece un análisis profundo que permita superar la presente crisis, sin comparación, en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En torno a la situación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la conclusión resulta más o menos evidente. En caso de ser culpables de los hechos que se le acusan, nadie en su sano juicio defendería su permanencia.

El punto está en determinar las salvaguardas que tomamos para evitar nuevas situaciones de este tipo, y enfocarse en el mero sistema de nombramiento de jueces no parece ser una solución suficiente. Resulta indispensable también tener a la vista de qué manera se perfeccionan los mecanismos de control de las actuaciones de los jueces, lo cual no implica en ningún caso vulnerar la independencia de los tribunales de Justicia.

Respecto al Ministerio Público, el problema parece radicar en un aspecto distinto. Ha existido un interés mediático por parte de algunos fiscales, que se ha visto acrecentado por el interés de la opinión pública en casos específicos que se han librado el último tiempo.

Lo anterior, sin embargo, no justifica el afán por figurar que se ha evidenciado en ciertos fiscales solo asimilable a autoridades políticas. Pareciera que se va consolidando la idea de que es posible aspirar a una carrera política siendo parte del órgano persecutor, lo cual simplemente no es deseable, en atención a la naturaleza de las funciones y atribuciones que tiene el Ministerio Público.

Carlos Oyarzún

Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán