Descentralización, Plurinacionalidad y la Interculturalidad, una confusión inconveniente

Por Jaime Abedrapo, director de Escuela de Administración Pública U. San Sebastián

Un asunto primordial es el reconocimiento de nuestros pueblos originarios en la Constitución y la otra es acordar un diseño administrativo enfocado en avanzar en la descentralización política, económica y social de país. La deuda con los pueblos originarios no puede ser excusa para generar escenarios para fomentar conflictos relativos a procesos independentistas, es decir, abrir caminos que maximicen las tesis separatistas, las que finalmente representan un menor compromiso con la creación de puentes que permitan dialogar para integrarnos en una patria diversa, rica en lo cultural, descentralizada e integrada.

Por el contrario, avanzar en la plurinacionalidad es crear las condiciones para la fragmentación, porque las identidades tiendan a verse a sí mismas como un todo que busca prescindir de quienes sean percibidos como diferentes. De alguna manera, el constituyente está abriendo el derecho a la exclusión, separación y colocando obstáculos reales a la interculturalidad, por tanto, generando un articulado inconsistente, ya que la propuesta aprobada expresa que el Estado de Chile será plurinacional e intercultural. Este último concepto se comprende como el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades culturales diferentes que habitan un mismo territorio. Por ello, la plurinacionalidad, en el articulado propuesto, representa una cierta contradicción con la interculturalidad.

En dicho contexto, pareciera oportuno preguntarnos el cómo y para qué la descentralización del país, sobre todo porque el constituyente ha desdibujado la propuesta tras su afán de superponer los intereses de las identidades, por sobre los de la comunión e integración. Al respecto, la descentralización efectiva requiere del traspaso de competencias, atribuciones y recursos hacia los territorios, ello en un marco de una institucionalidad regulatoria vigorosa para evitar un aumento en un mal uso de los fondos públicos, razón por la cual en sí representa un nuevo reparto de poder, que tienda a mejorar el sentido de la política a través de la participación en las decisiones territoriales, ampliando la capacidad de los representantes locales y regionales para delinear e implementar políticas públicas más cercanas a las necesidades propias de las comunidades. Algo muy diferente a sobrerepresentar en la institucionalidad de la República a los pueblos originarios.

En efecto, la descentralización debe acompañarse de una visión de sociedad anclada a elementos de causa espiritual o principios políticos que le den legitimidad al diseño institucional de la propuesta. En este sentido, la técnica debe estar al servicio de las personas que, según el cambio de época que estamos observando, releva nuevos valores en las personas, condicionando el diseño e implementación de las políticas públicas.

Pero, ¿cuáles son los cambios que observamos en el denominado cambio de época?, ¿y cómo mejorar nuestra institucionalidad en vista de ello?

La respuesta es un proceso de descentralización desde una perspectiva integral, que apunte a renovar la confianza en las instituciones públicas e intentar reimpulsar la capacidad de representación política efectiva, y no crear leyes particulares (privilegios) a unos pocos por sobre muchos en la conformación del estado de derecho.

Desde la Ciencia Política, la descentralización nos plantea la posibilidad de transitar hacia un régimen más directo en la toma de decisiones de la ciudadanía. Al respecto, se requiere de un cambio en la morfología del poder nacional, el cual demanda reconstituir la comunidad desde las distintas identidades y particularidades propias de la ciudadanía en los diferentes territorios nacionales, pero desde un enfoque abierto a la comprensión que la unión e integración es condición de desarrollo sostenible.

En perspectiva coyuntural, la convención no ha sabido resolver la tensión entre la noción de comunidad, identidad y unión nacional. Lo que anteriormente, en clave de la modernidad, comprendíamos como una disputa en los equilibrios entre el Estado, el mercado y la comunidad, hoy se ha trasladado a la diada identidad versus comunidad, presentando una propuesta que genera las bases constitucionales para fragmentar aún más la convivencia nacional.