Designaciones pendientes en el Servel
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Nuevamente se repite aquí lo que ya se ha visto en otros organismos clave del Estado, donde los intereses políticos y la falta de proactividad del Ejecutivo retrasan las nominaciones, lo que dificulta el buen funcionamiento de las instituciones.
Luego de que la semana pasada se cumpliera el período de Andrés Tagle como consejero del Servicio Electoral (Servel), dos son las vacantes que se deberán llenar, pues además de Tagle se suma la de Alfredo Joignant, quien cumplió su período en febrero de 2023, pero desde entonces su mandato ha sido prorrogado en virtud de una facultad que permite la ley mientras se nombra un titular.
El gobierno ha señalado que espera zanjar las nominaciones dentro de marzo, tomando en cuenta que la propuesta que haga el Ejecutivo debe ser ratificada por los dos tercios del Senado. Según se ha indicado, las negociaciones están en plena marcha, y uno de los factores que habría retrasado un acuerdo son las pretensiones de los partidos políticos por mantener presencia dentro del consejo del Servel. El Partido Socialista ha hecho explícita su voluntad de mantener allí alguien ligado a su sensibilidad -como fue el caso de Joignant-, mientras que el Frente Amplio también ha hecho saber que como una de las fuerzas políticas relevantes también aspira a tener un representante.
Ciertamente es inconveniente que los cupos del Servel se terminen resolviendo en un año electoral. Se habría esperado que esta materia estuviese resuelta mucho antes, pues en un año donde habrá primarias y elecciones presidenciales y parlamentarias el Servel jugará un rol decisivo -también sería conveniente que se procurara despolitizar al máximo este organismo-, pero en cambio han sido otros los criterios que han prevalecido, sin tomar en cuenta que lo prioritario es velar por el buen funcionamiento de la institucionalidad, lo que parte por asegurar que un organismo colegiado cuente con todos sus integrantes.
Los retrasos en las designaciones de cargos relevantes han sido una constante. El caso más paradigmático es lo que ha ocurrido con la Corte Suprema, donde por ejemplo la vacancia que dejó el ministro Guillermo Silva en noviembre de 2022 recién se vino a suplir en octubre pasado. Quedan por llenar los cupos de los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco -quienes fueron destituidos de sus cargos- , en tanto que también están en proceso las vacantes que dejaron Jorge Dahm, quien terminó su período a fines de 2023, y Juan Eduardo Fuentes, en octubre pasado, ante lo que cabe preguntarse cuánto tiempo tomará poder llenarlas. El alto número de vacancias en el máximo tribunal ha dificultado en algunas ocasiones la constitución de salas.
Un caso también ominoso fue lo que ocurrió en el caso de la Contraloría General de la República, donde la actual titular se mantuvo como subrogante durante casi un año, hasta que finalmente se logró un acuerdo político. Tortuosa fue también la designación del cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público, donde hubo una sucesión de nombres antes de que se lograra un acuerdo.
Es inevitable que las fuerzas políticas deban negociar cada una de estas designaciones, pero es evidente que cuando lo que prevalece ante todo son los intereses de los partidos, sin importar el tiempo que ello tome, denota que existe poco aprecio por asegurar el buen funcionamiento de las instituciones, lo que de paso vuelve a poner de relieve la importancia de avanzar en reformas a nuestro dañado sistema político. El Ejecutivo también debe ser mucho más proactivo en asegurar que las designaciones que mandata la ley estén en tiempo y forma, y no simplemente limitarse a que los partidos se pongan de acuerdo.
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