Por Teodoro Ribera, rector de la U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
En mayo de este año, los cancilleres de Chile y Bolivia anunciaron la “normalización” de las relaciones bilaterales y el acuerdo para avanzar en una hoja de ruta en temas como complementación económica, libre tránsito, límites, integración física, cultura, medio ambiente, turismo, educación, ciencia, tecnología e innovación, cooperación, temas consulares, cooperación policial, control del comercio ilegal y drogas y recursos hídricos transfronterizos.
Este último punto es clave, ya que los cursos de agua han sido un tema complejo en la agenda con Bolivia. Solo basta recordar que el vínculo diplomático entre ambas naciones se rompió en 1962 cuando el entonces Presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro quebró el diálogo con Chile debido al desvío de las aguas del río Lauca.
Lo más reciente, la presentación de Chile, en 2016, de una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile, en su calidad de ribereño, tiene derecho al uso de sus aguas. Este caso aún está abierto, ya que por los efectos del Covid ese tribunal debió posponer la vista de varias causas.
Más allá de la resolución de la Corte, en el actual escenario de escasez hídrica resulta fundamental llegar a un gran acuerdo entre Santiago y La Paz para un manejo adecuado de las cuencas hidrográficas y los acuíferos transnacionales. Avanzar en esta materia no es solo conveniente para nuestro país -que vive lo que se ha catalogado como “megasequía”-, sino que también para Bolivia que, de acuerdo con diversos estudios, también tiene riesgo de sufrir déficit de agua en algunas zonas en los próximos años. Evidencias recientes que ratifican este crítico panorama es que ya se secó el lago Poopó, el segundo más grande del país, y es inminente la desaparición del glaciar Tuni.
Entre los factores limitantes para alcanzar un desarrollo económico sostenible están la falta de agua y su manejo inadecuado, aspectos que cobran aún más relevancia para naciones donde el sector agrícola es protagonista. Por ello, es urgente enfrentar esta realidad que podría ser más crítica en los próximos años de no adoptarse medidas concretas ahora. Solo un dato, proyecciones de la Organización de Naciones Unidas prevén que la demanda de agua en el mundo crecerá un 55% hasta 2040.
En ese contexto, se hace necesario generar instancias -dentro de la institucionalidad internacional que regula el manejo de las cuencas hidrográficas comunes- que permitan estudiar la disponibilidad de recursos de agua subterránea y superficial y, a partir de esos resultados, establecer una estrategia binacional para su utilización.
En base a ese plan de trabajo, ambos países pueden definir no solo las inversiones necesarias en infraestructura -plantas desaladoras, por ejemplo-, sino que también soluciones que permitan disminuir los recursos que se pierden en la distribución y en fijar políticas que permitan una gestión sostenible y racional de los recursos hídricos.
