SEÑOR DIRECTOR:
El 10 de agosto, el Servel publicó las resoluciones de aceptación de candidaturas para las elecciones del 26 y 27 de octubre. De las 18.665 candidaturas, 1.430 fueron rechazadas; 196 de ellas por estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La medida es uno de los apremios que la nueva legislación ha implementado a los “papitos corazón”, eufemismo que hoy reconocemos como una forma de violencia económica y el incumplimiento a un deber legal que busca la protección, principalmente de las infancias.
En la búsqueda de lograr el pago efectivo de alimentos, la legislación ha establecido mecanismos de cobro, al mismo tiempo que generan formas de presión para el pago, que incluyen cuestiones como la limitación en las candidaturas a cargos de elección.
El abanico de medidas ha permitido aumentar el cumplimiento en el pago de alimentos, especialmente por las diversas restricciones que implican el estar en el registro de deudores. De allí que se han alzado voces para aumentar los ámbitos de restricción.
En este orden, se han planteado propuestas que van desde el ingreso a partidos de fútbol hasta el ejercicio de cualquier cargo público. Y es que, en el ámbito político, la norma actual establece la prohibición de candidaturas solo para cargos en gobernaciones y alcaldías. ¿Qué ocurre con el resto de las elecciones o cargos de confianza? En la última elección presidencial, un candidato hizo su campaña sin poder pisar el país, precisamente por una deuda de alimentos.
Si los datos recientes dan cuenta del aumento en el pago de obligaciones alimentarias, pareciera entonces que tiene sentido seguir profundizando las restricciones. Si vamos a impedir que deudores vayan al estadio, también deberíamos impedir que dirijan ministerios o el país, ¿o no?
Danitza Pérez Cáceres
Investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP
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