Por Susana Sierra, directora ejecutiva BH-Compliance
La pandemia ha hecho que muchas empresas deban reinventarse para seguir funcionando, adaptándose al teletrabajo, al e-commerce y a la digitalización. Para nadie ha sido fácil y ha requerido esfuerzos colectivos y personales. Sin embargo, todos esos esfuerzos se ven opacados por las malas acciones de unos pocos.
Esta crisis ha mostrado la peor cara de algunas empresas, que no respetan las reglas e incurren en delitos para engañar al sistema y hacer lo que a ellas les beneficie. Y el escenario es propicio para esos actos, ya que es en las crisis cuando aumenta la corrupción al relajarse los controles y buscar medidas desesperadas para subsistir o no perder lo ganado.
Y por el actuar de esos pocos, el gobierno debió anunciar una nueva normativa, que endurece las sanciones para quienes incumplan las cuarentenas y medidas preventivas durante la pandemia, y que incluye a las empresas, castigando a los empleadores que obliguen a sus trabajadores a desempeñar labores fuera de sus domicilios en medio del confinamiento obligatorio.
Es increíble que se tenga que llegar a la modificación de una ley para que algunos entiendan que sus actos son, lisa y llanamente, delitos, como el hecho de sacar permisos falsos o el cambio de giro comercial ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), para vender productos esenciales inexistentes. Esto no es solo éticamente reprochable, sino que es un delito al entregar información falsa al SII, a Carabineros, además de violar las normas sanitarias.
Hace unas semanas conocimos el caso de un jardín infantil de Maipú, en el que se encontró a cuatro menores, hijos de empleadas de la empresa Fruna, funcionando en plena cuarentena y con un certificado falso extendido por la propia empresa. En este caso, no solo se expuso a los niños, sino también a sus madres, quienes se vieron obligadas a trabajar y, por lo tanto, a dejar a sus hijos en el recinto infantil.
También conocimos el caso de la empresa Rollux dedicada a la confección de cortinas, con más de 13 años de experiencia en el mercado nacional, y que de la noche a la mañana y en plena pandemia, decidió cambiar su giro comercial a farmacéutico, lo que no pudieron acreditar cuando fueron sorprendidos.
Y qué decir de Fashion´s Park, que tras una denuncia anónima, supimos que usó el giro de empresa de seguridad, además de hacer mal uso de permisos colectivos, obligando a administrativos a asistir a las oficinas. Lo más increíble de esta empresa, que nada tiene que ver con seguridad, es que presume sus valores en su sitio web, destacando entre ellos la integridad y el respeto, los que serían parte de la guía del comportamiento de sus colaboradores. Pero para exigir que sus trabajadores se rijan por determinados valores, hay que dar el ejemplo.
Casos como estos, hace que la opinión pública meta a todas las empresas en el mismo saco y, a la vez, echa a perder las confianzas, logrando que trámites que eran expeditos justamente para apoyar a las empresas, como el cambio de giro ante el SII, sean engorrosos, más estrictos y de difícil acceso, pagando justos por pecadores.
Por esto, se espera que los castigos para quienes han infringido la ley y han puesto en riesgo a sus trabajadores, sean ejemplificadores, y que el rol empresarial esté a la altura de las circunstancias, condenando estos hechos.
Vivimos en medio de una de las mayores crisis de la historia y cada uno puede ser un aporte desde su vereda. No esperemos a que salgan leyes para actuar de manera éticamente correcta, porque todos nuestros actos, por muy pequeños que parezcan, tienen consecuencias.
Mi reconocimiento especial para las empresas esenciales que han operado para que nada nos falte en estos cuatro meses de confinamiento, a pesar del pánico inicial que tuvimos en momentos de incertidumbre.
