SEÑOR DIRECTOR:
En Chile, y al igual que en otros países de la región, el sistema penitenciario está diseñado bajo una mirada masculina que ignora las necesidades de las mujeres privadas de libertad. Lo anterior se traduce en una vulneración sistemática de derechos, que afecta especialmente a aquellas que son madres dentro de la cárcel, y secundariamente a sus recién nacidos.
Un informe reciente de la Red de Acción Carcelaria reveló que el 85,4% de las mujeres privadas de libertad son madres, y de acuerdo con datos de Gendarmería, en 2024 se evidenció un aumento del 37,4% en la población penal femenina. Sin embargo, a la fecha, no se han realizado mejoras en infraestructura o en programas de reinserción, lo que afecta el bienestar de mujeres y niños en estos espacios.
Dar a la luz en la cárcel no es fácil. En muchos casos, los espacios no cuentan con la infraestructura adecuada ni la atención sanitaria básica que se requiere en este tipo de intervenciones. Esto, sumado a una separación temprana del menor, muchas veces sin una red de apoyo efectiva, deja tanto a mujeres como a niños en situación de abandono y vulnerabilidad, fomentando el círculo de desamparo.
La ausencia de una perspectiva de género en la política penitenciaria es clara, y se hace urgente que los organismos estatales sean capaces de brindar condiciones dignas para quienes se enfrentan a la maternidad en la cárcel. Hoy, la legislación chilena permite que las mujeres con niños menores de dos años habiten unidades materno-infantiles separadas de la población general; medida bienvenida, pero insuficiente. Es urgente repensar políticas públicas en la materia, crear programas de apoyo psicológico, establecer turnos éticos médicos en los centros y buscar alternativas al encarcelamiento. La justicia no puede seguir siendo ciega a esta realidad.
Macarena Carvallo
Abogada y directora Clínica Jurídica U. Del Alba
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