“Doctrina Valencia”: una respuesta necesaria

La instrucción emitida por el fiscal nacional Ángel Valencia para que los persecutores soliciten la prisión preventiva de todo aquel extranjero que sea detenido y no cuente con identidad comprobada ha abierto un intenso debate jurídico respecto de su pertinencia y efectividad, algo esperable considerando que se trata de una medida inédita. Incluso dentro del Ministerio Público ya se han levantado alertas, como lo hizo la Asociación Nacional de Fiscales, que solicitó la suspensión de esta medida ante las dificultades para el enrolamiento de los imputados, que sobre todo en regiones puede llegar a demorar entre dos y tres meses.

Las nuevas directrices no son caprichosas, sino que han sido adoptadas como respuesta al asesinato del suboficial Daniel Palma, donde los primeros antecedentes apuntan a que el crimen habría sido cometido por una banda de ciudadanos venezolanos, algunos de los cuales se encuentran en situación migratoria irregular. Es un hecho que el instructivo dispuesto por el Ministerio Público requerirá de una serie de precisiones, y sus resultados son por ahora inciertos, pues dependerán finalmente de los criterios que adopten los tribunales. Pero de lo que no cabe duda es que el fiscal nacional se está haciendo cargo proactivamente de un tema de primer orden en el combate contra el delito, considerando que la inmigración descontrolada ha sido caldo de cultivo para el ingreso masivo de delincuentes de alta peligrosidad. Tampoco debe desestimarse la señal que subyace en el instructivo, pues se está elevando en forma tangible el costo de ingresar de manera irregular al país, medida que en todo caso se focaliza en un segmento muy acotado, pues la inmensa mayoría de los extranjeros ha entrado en forma legal y son ciudadanos honestos.

Conocer la identidad de quienes cometen delitos es una cuestión fundamental para la efectividad de la persecución penal, y por lo mismo este es un paso que avanza en esa dirección. De allí que sería importante que esta medida fuese reforzada mediante una ley, no solo porque tener criterios más establecidos sobre las circunstancias en que procede una prisión preventiva en estos casos ayudaría en la labor de la fiscalía y los tribunales -es valioso en ese sentido que un grupo transversal de senadores haya anunciado un proyecto de ley para institucionalizar estos criterios-, sino porque la efectividad de la llamada “doctrina Valencia” requiere críticamente que el resto de las instituciones involucradas estén a la altura de las circunstancias, lo que claramente hoy no ocurre. Es en sede legislativa precisamente donde los problemas detectados para su aplicación deberían ser debatidos y resueltos.

Además del necesario reforzamiento de nuestro sistema carcelario, que ya opera al límite, la principal piedra de tope parece estar en las dificultades que presenta el sistema registral para enrolar a los imputados. Esto efectivamente plantea dilemas complejos, pues estas demoras podrían llevar a que personas permanezcan privadas de libertad largo tiempo por delitos menores o simples faltas, lo que claramente podría vulnerar garantías fundamentales, desnaturalizando además el sentido de la prisión preventiva, que ante todo debe ser excepcional.

Claramente es una grave falla del Estado tener un sistema tan ineficiente, y que por tanto tiempo no se hayan tomado medidas para corregirlo. Esta dejación ahora está pasando una cuenta muy cara, y ante ello no cabe sino actuar con sentido de urgencia para evitar que se pueda resentir la persecución penal. En tal sentido, lo que corresponde es que el gobierno busque acelerar cuanto antes cambios para que el Registro Civil multiplique su personal y pueda trabajar los fines de semana, evitando los largos tiempos muertos. Y en tanto no se logre una solución definitiva, también cabría estudiar que personal de Carabineros y la PDI puedan realizar excepcionalmente labores de enrolamiento, sobre todo en regiones. La voluntad que se ha visto en el Congreso para avanzar en una agenda de seguridad consensuada debería ser una oportunidad para incluir estas nuevas directrices penales y los cambios requeridos.