Dólar a mil pesos: las presiones sobre el Banco Central

Habiendo tocado el tipo de cambio los mil pesos por dólar, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía estimaron del caso pedir al Banco Central que explicite su diagnóstico respecto de esta variable. Más inapropiadas fueron las declaraciones de la ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), llamando directamente a “tomar medidas” por parte del Central.

El desconcierto que generó este cúmulo de declaraciones -además de provenir algunas de ellas de un expresidente del instituto emisor, se entendieron como un intento poco disimulado del gobierno por interferir o presionar a un organismo autónomo como es el Central- y el desorden interno que traslució el Ejecutivo llevaron a que el ministro de Hacienda tuviera que salir al paso, aclarando que existe pleno respeto por la autonomía del banco, así como confianza en el conocimiento o capacidad de la entidad para entender la coyuntura y tomar sus decisiones, mientras que la titular de la Segegob lamentó que sus palabras se hayan malinterpretado, dejando en claro que no está en duda la autonomía del Banco Central.

Pese a los intentos por desactivar la polémica, y aun cuando las rectificaciones son bienvenidas, la crítica que se esbozó al instituto emisor es sorprendente en al menos dos sentidos. Por una parte, el Banco Central es posiblemente la institución que mejor y más oportunamente comunica su “diagnóstico” sobre la economía, sobre sus instrumentos de política y sobre sus variables objetivo, a través de sus informes de Estabilidad Financiera y de Política Monetaria, la divulgación del contenido de reuniones de análisis monetario, y a través de numerosas intervenciones de sus consejeros. Por otra, es evidente que una influencia fundamental sobre las variables económicas deriva de la acción del Fisco, y que se espera que ambos, Fisco y Banco Central, aporten al logro de objetivos macroeconómicos para un manejo eficiente. Así, porque su autonomía no debería distanciar al Banco Central de las autoridades fiscales si hay objetivos compartidos y disposición a lograrlos, las declaraciones de Hacienda y Economía fueron cuando menos imprudentes, introduciendo nueva incertidumbre a un sistema ya alterado.

Más allá de esta polémica y de lo simbólico de los mil pesos por dólar, el tipo de cambio ha estado muy distanciado de valores de equilibrio por un largo período. Tras el desequilibrio hay razones externas, consecuencias del manejo macroeconómico en el período de restricciones severas por la pandemia -cuando el “parlamentarismo de facto” llevó a retiros de fondos de pensiones y a un IFE universal- e incertidumbre asociada a la situación política. Si bien las razones externas solo pueden ser tomadas como un dato por las autoridades del país, en el manejo macroeconómico y en lo relativo a la discusión política hay amplio campo de acción para intentar una vuelta eficiente a la normalidad cambiaria.

El consumo llegó hasta el 82,5% del PIB en el primer trimestre de este año, acicateado, como sabemos, por retiros de fondos previsionales e IFE. Esa fuerte expansión de la demanda debería haber ido acompañada de una importante caída en el tipo de cambio para desviar el gasto hacia bienes transables internacionalmente y evitar inflación. Pero la caída del tipo de cambio no ha estado presente esta vez, en gran medida por la incertidumbre política y económica y por la expectativa de que, tras el desarreglo, vendrá un tipo de cambio elevado en el futuro, lo que eleva el tipo de cambio hoy.

Un desequilibrio cambiario, mientras se mantenga actuando para concentrar indebidamente la demanda en bienes domésticos, es una influencia inflacionaria permanente, capaz de sostener o acelerar indefinidamente la inflación. Para volver prontamente a un tipo de cambio en línea con sus determinantes reales fundamentales, de manera de evitar esa presión inflacionaria, hay un rol importante tanto para la tasa de interés como para el gasto fiscal, si se quiere que el daño sobre la producción y el empleo sea lo más acotado posible.

Si bien el Fisco y el Banco Central han estado reflejando preocupación por la inflación en el manejo de sus respectivos instrumentos, la constatación de un desequilibrio más severo y más persistente, en un contexto de mayor incertidumbre, debe hacer que ambas instituciones coordinen sus ajustes. La pretensión de que el Banco Central debe controlar el tipo de cambio y la inflación, mientras el Fisco va gastando para paliar las consecuencias, es desestabilizadora, en cuanto permite anticipar una forma de ajuste desequilibrado e innecesariamente dañino para la evolución de la producción y el empleo en el corto y mediano plazo.

El Presidente Gabriel Boric reconoció acertadamente el rol que está jugando la incertidumbre constitucional. Cabe imaginar cuánto más incierta sería hoy la situación si, como establece el proyecto de nueva Constitución, el Banco Central debiera enfrentar los trances en que es políticamente tentador buscar culpables, bajo la amenaza de acusaciones constitucionales a sus consejeros.