Las graves irregularidades cometidas en la fracasada compra de la casa del expresidente Allende, ponen en evidencia inexcusables negligencias administrativas, pero, mucho más grave, la comisión de acciones dolosas por parte de quienes ejecutaron y visaron la operación, y hasta del Presidente Boric.

Los hechos: el gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, intentó adquirir la vivienda ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, con el propósito de transformarla en un museo dedicado a la memoria de Allende. Sin embargo, este inmueble pertenecía en copropiedad a la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la todavía senadora Isabel Allende, ambas descendientes directas del exmandatario. La Constitución chilena prohíbe expresamente que funcionarios públicos celebren contratos con el Estado, lo que convierte esta transacción en una violación legal. A pesar de esta clara restricción, el proceso avanzó hasta la firma por parte del Presidente del decreto que autorizaba la compra. El pasado jueves el Tribunal Constitucional, en un acuerdo de fallo en redacción, según ha trascendido, resolvió destituir a la senadora Isabel Allende por infringir la Constitución al intentar vender al Estado la propiedad familiar. Con ello, el Tribunal ha venido a ratificar el ilícito cometido.

Surge, entonces, una pregunta inevitable: ¿fue este un acto de negligencia o hubo una intención deliberada, dolosa, de eludir las normativas fundamentales vigentes?En este episodio no cabe solo cuestionar la legalidad de la acción del Ejecutivo, sino que también formular serias dudas sobre la ética y la transparencia con que se obró.

La figura de Leonardo Moreno, asesor del “segundo piso”, ha sido señalada como clave en este entramado. Moreno, abogado de profesión, tenía la responsabilidad de supervisar y “hacer filtro” a este tipo de operaciones. Su renuncia, presentada en medio del escándalo, sugiere un reconocimiento implícito de su falta en el debido control del proceso. Sin embargo, es difícil imaginar que una transacción de esta magnitud y relevancia política se haya llevado a cabo sin el conocimiento y consentimiento de (varias) instancias superiores, incluido el primer mandatario que la selló con su firma. Habiendo este último estudiado leyes y sido por dos periodos diputado de la República, no parece quedar espacio para pensar que hubo ignorancia o inadvertencia.

La fallida compra de la casa de Salvador Allende es más que un simple traspié administrativo; es un reflejo de cómo las líneas entre lo público y lo privado pueden difuminarse peligrosamente cuando no se respetan las normativas legales y los principios éticos que deben guiar la gestión gubernamental y, en general, de todo el aparato estatal. Por ello, resulta imperativo que las investigaciones en curso lleguen hasta las últimas consecuencias y que, en aras de preservar la constitucionalidad y la integridad en las tareas gubernativas, así como la confianza en las instituciones democráticas de Chile, se establezcan las responsabilidades correspondientes, tanto de los asesores involucrados como del mismo Boric.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School,

Universidad de los Andes