SEÑOR DIRECTOR:
Para analizar los recientes acontecimientos en el caso Dominga es necesario recordar que los tribunales ambientales son principalmente tribunales contencioso-administrativos, su labor es revisar actos de la administración del Estado. Además, sus ministros no son jueces de carrera, sino profesionales (dos abogados/as y uno/a de carrera asociada a las ciencias) nominados para esos cargos.
Por buenas razones, esas personas y esos tribunales no pueden decidir si una actividad está permitida o no, así como tampoco sus condiciones, sino que solo puede juzgar si el resultado al que ha llegado la administración es legal o ilegal, y en su caso anularlo y ordenarle que repita una parte del proceso. Eso es prácticamente un consenso en los estudios del derecho administrativo, se discutió claramente al crear los tribunales y lo dice expresamente la ley. Por lo mismo y como corresponde, nunca un tribunal ambiental había traspasado ese límite, hasta ahora.
La sentencia del Primer Tribunal Ambiental, y sobre todo la resolución del procedimiento de cumplimiento de esa sentencia, ha dejado en claro que este organismo decidió darse facultades que la ley no le otorga. Este actuar ha sido alentado por medios y comentaristas que en favor de cualquier inversión se disponen a sacrificar el estado de derecho y sus procedimientos diseñados para proteger bienes jurídicos como la vida, la salud, la propiedad, el patrimonio nacional y el medioambiente. Una parte del poder económico está, junto a estos fallos, desafiando al estado de derecho y comunicando que si “la ley no se los permite, peor para la ley”.
Ezio Costa
Director Ejecutivo de ONG FIMA
Abogado de Oceana y Alianza Humboldt
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