Dos años de militares en frontera

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de los dos años que cumple el decreto 78 que desplegó a militares en frontera para controlar la crisis migratoria y de seguridad, resulta relevante reflexionar sobre las consecuencias que pudiese traer para las FF.AA.

Bajo este decreto, los militares realizan controles de identidad, detenciones en caso de flagrancia y fiscalización de la legalidad de la estadía de extranjeros en el país, entre otras cosas. Sin embargo, estos roles no se alinean con su entrenamiento ni con su misión constitucional, lo que ha generado desmotivación en el personal, impacto en el alistamiento de la fuerza y un riesgo latente de corrupción.

La experiencia comparada muestra que el uso de militares en la lucha contra el crimen organizado puede ser efectivo en un inicio, pero a largo plazo expone a los uniformados a la influencia de organizaciones criminales, debilitando la institución y favoreciendo la corrupción. Además, en el caso chileno, no se cuenta con un marco jurídico que regule las operaciones, exponiendo aún más a los efectivos.

Es urgente que el debate político aborde de manera seria y responsable el rol de los militares en la seguridad interna. En ese sentido, es necesario establecer un marco normativo que delimite sus funciones, un período de tiempo de despliegue acotado y no confundir labores militares con policiales.

La defensa de la soberanía nacional debe integrarse en una estrategia coordinada con las fuerzas de orden y seguridad pública, no reemplazarlas. El combate contra el crimen organizado es una prioridad, pero su solución no puede hipotecar la integridad y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.

Pilar Lizana

Daniela Oyarzún