Por Julieta Suárez-Cao, académica ICP-UC y Red de Politólogas
Uno de los mandatos más claros y que cuenta con apoyo transversal con miras a la nueva Constitución es una organización territorial del poder que acerque el gobierno a la ciudadanía y los territorios. La Comisión de Descentralización avanzó una propuesta de Estado Autonómico Regionalista con aristas muy interesantes que hace recordar en algunas provisiones al modelo territorial español.
Sin embargo, en la discusión por la descentralización se ha obviado un aspecto central que es relevante al poder de las regiones: la dimensión del poder compartido. La descentralización puede ser solo autogobierno, pero para dotar de poder real a las regiones esto es claramente insuficiente. Si las regiones tienen autogobierno pero no la capacidad de incidir en política nacional, terminaremos con dos esferas de política desconectadas y puede que se genere fricción entre ellas. Esto se agrava por la crisis de representación actual, que dificulta que los partidos políticos cumplan con la función de integración territorial.
Algunas propuestas buscan subsanar esta situación a través de un Consejo de Gobernadores presidido por el/la Presidente de la República como órgano de coordinación entre los ejecutivos en distintos niveles de gobierno. Lamentablemente, un consejo semejante fomentaría aún más la personalización de la política. Asimismo, reduciría la diversidad en la representación, puesto que, ante la imposibilidad de asegurar la integración paritaria de cargos unipersonales, es muy probable que ese consejo termine siendo una agrupación de hombres.
El arreglo institucional para generar incentivos que integren las esferas políticas territoriales y otorguen a las regionales poder compartido en la política nacional no viene de la mano de un “Consejo de Sabios”. La solución es un Congreso bicameral que cuente con una cámara que represente a las regiones y otra que represente proporcionalmente a la población. Este bicameralismo puede además ser asimétrico, donde la segunda cámara territorial tenga prerrogativas similares a la Cámara Baja solo en materias que afecten directamente a las regiones, a diferencia del modelo actual, en el que el Senado tiene los mismos poderes que la Cámara de Diputadas y Diputados. Los y las representantes a la Cámara Territorial, a diferencia del Consejo de Gobernadores, compiten en listas de partidos y organizaciones políticas desincentivando la personalización.
En una cámara única, quien consiga los 2/3 puede reformar la Constitución y volver a centralizar el poder. La salvaguarda para el autogobierno de las regiones es que tengan representación en las instituciones nacionales y esto se logra con una segunda cámara regional. En suma, sin bicameralismo, será difícil asegurar una verdadera descentralización.
