“Dosis de realismo” y presupuesto para Educación Superior
Se ha pedido una “dosis de realismo” a las universidades del Cruch para evaluar el Presupuesto 2021 para Educación Superior que contempla una reducción real del 10% de los fondos institucionales.
Experimentar reducción de los ingresos, responder a las necesidades de apoyo a los estudiantes, cuidar y mantener el empleo de su personal, garantizar la continuidad de todas las funciones académicas y contribuir de manera notable a las políticas públicas para el cuidado de la ciudadanía es una ecuación difícil de resolver para las universidades. Ello se ha logrado con un gran compromiso y una estricta disciplina académica y financiera. Pero mantener lo mismo un año más resulta inviable. La disminución de los ingresos propios y los ajustes presupuestarios mayores implementados en el último periodo constituyen, de hecho, una muestra de la “dosis de realismo” requerido y del compromiso asumido por parte de las universidades, que esperamos también alcance a todos los actores relevantes.
El presupuesto 2021 presentado por la Subsecretaría de Educación Superior solo profundizará la crisis en las universidades, que reduce los fondos institucionales en un 10%, disminución total que alcanza 42.000 millones de pesos.
A pesar del impacto financiero, derivado de la situación sanitaria, las universidades del Cruch han logrado la continuidad del servicio educativo. Poner en funcionamiento una migración masiva y forzada hacia una formación no presencial, garantizando la calidad del proceso educativo, significó un esfuerzo mayúsculo en diversos ámbitos de la actividad académica. A su vez, todas las universidades del Cruch son agentes clave en la red sanitaria y en la economía de todas las regiones, pues fortalecen el sistema de salud y producen efectos positivos en miles de proveedores, pymes y trabajadores en los territorios donde están insertas.
El poder ejecutivo ha generado un importante plan de inversión de recursos para enfrentar la pandemia. Lamentablemente, las universidades del Cruch no han sido consideradas, aun cuando sus ingresos cayeron en 207 mil millones de pesos el último año. Algunas de ellas experimentan serias dificultades para responder ante el adverso escenario, que pone en riesgo su existencia, particularmente aquellas universidades regionales de menor tamaño.
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar el presupuesto 2021 señala que Chile sería el país que, entre 2012 y 2017, ha experimentado un mayor incremento en el gasto fiscal en educación superior. Tal incremento no ha significado mayores ingresos para las universidades, pues se ha reemplazado el gasto de las familias por otro realizado por el Estado.
En el actual proyecto de presupuesto, los recursos de gratuidad aumentan un 6,8%, debido a la incorporación de nuevas instituciones de educación superior que adscriben a esta política y también incluye un incremento de los fondos para el CAE. No obstante, este aumento de inversión en gratuidad y CAE no debería producirse a expensas de reducir y eliminar otras partidas del presupuesto de educación superior. Todo avance en gratuidad se debe realizar con nuevos recursos y no con redistribuciones o eliminaciones presupuestarias que afectan a las universidades del Cruch y, con ello, a la red de universidades públicas en todas las regiones del país.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la aprobación en el Congreso de un fondo de emergencia de 12.000 millones de dólares y la necesidad de no disminuir los presupuestos de 2021, solicitamos restablecer los fondos institucionales -fondos basales, convenios y de interés nacional- hasta los valores asignados durante el 2020, lo que en la práctica equivaldría a una disminución real del 2,6% debido a los efectos de la inflación de este año. También consideramos necesario permitir el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario de Crédito Universitario, para cubrir los gastos asociados con los estudiantes que pierden gratuidad y para enfrentar gastos extras en 2020 y 2021 producto de la pandemia. Finalmente, proponemos postergar hasta el 2023 el inicio de la puesta en marcha de los aranceles regulados, a fin de analizar y visualizar en forma integral los efectos de esta medida, y evitar así ponerla en práctica basados solo en un grupo de carreras.
En tiempos de crisis y de búsqueda de la recuperación económica, se reiteran fórmulas tradicionales, basadas mayormente en infraestructura. Sin embargo y considerando la experiencia de 2020, la reactivación económica futura debe orientarse a proyectos de innovación y de emprendimiento de base tecnológica. Este cambio de estrategia permitiría responder a los desafíos de largo plazo y enfrentar catástrofes lentas sin depender de soluciones generadas en otras latitudes. Para ello es fundamental incrementar significativamente el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lo que mostraría una inversión con perspectiva de desarrollo.
