Dudas sobre el nuevo gobierno español

Desde el jueves pasado, casi cuatro meses después de las elecciones anticipadas del 23 de julio pasado, España volvió a tener un gobierno plenamente en funciones. El socialista Pedro Sánchez sumó los votos necesarios en su primera sesión de investidura para alcanzar ese objetivo. El líder del PSOE, en el poder desde 2018, inicia así su tercer mandato, desde que hace poco más de cinco años llegara al poder tras promover una moción de censura contra el entonces presidente del gobierno, el líder del Partido Popular Mariano Rajoy. Esta vez, sin embargo, Sánchez no tuvo que contentarse con un gobierno de minoría como en su periodo anterior, sino que sumó 179 votos, tres más de los necesarios para mantenerse en La Moncloa. E incluso, entre todos los grupos parlamentarios que lo apoyan suma más de 12 millones de votos, sólo superado por el primer gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que sumó 13 millones.

Lo anterior podría representar una contundente victoria para el mandatario socialista, quien a fines de mayo pasado se la jugó por una maniobra arriesgada al convocar a elecciones anticipadas tras la victoria de la derecha en los comicios locales y autonómicos, y la apuesta le dio resultado. Sin embargo, la legislatura que se inició la semana pasada y el propio gobierno de Pedro Sánchez no enfrenta un futuro fácil, y las razones son varias. La primera es el alto costo que tuvo que pagar para sumar los votos necesarios. Sánchez contó con el respaldo de ocho grupos parlamentarios, cifra inédita para cualquier gobierno en España desde el regreso de la democracia, y entre ellos encarnan intereses muy diversos que el nuevo gobierno tendrá que administrar. Pero más grave aún son las concesiones a los independentistas catalanes, al comprometer una ley de amnistía que no sólo revierte una promesa de campaña, sino que abre una peligrosa caja de Pandora.

Sánchez asume en un país fuertemente dividido, en parte a causa de sus propias decisiones. No sólo las protestas frente a la sede del PSOE en oposición al proyecto de amnistía que favorece a los impulsores del llamado procés catalán se volvieron habituales y dan cuenta del clima de crispación que atraviesa la sociedad española, sino también las tensiones al interior del propio Parlamento auguran una legislatura compleja y polarizada. Las concesiones hechas por Sánchez para lograr los votos necesarios que sellaran su investidura incluso recibieron el rechazo de antiguos miembros del PSOE, como el expresidente Felipe González. “Se creará un agujero de impunidad imposible de parar”, aseguró el ex líder socialista. Además, un 56% de quienes votaron a Sánchez en julio rechazan la amnistía.

A lo anterior se suman los peligrosos alcances que podría tener el proyecto de amnistía si Bildu decide, como ya advierten algunos, introducirle enmiendas. Ese partido es el brazo político del disuelto grupo terrorista vasco ETA, muchos de cuyos miembros aún cumplen condenas por los crímenes cometidos. A ello se suma que el acuerdo con los independentistas catalanes podría llevar a otros grupos nacionalistas que dieron su voto al gobierno a intensificar sus demandas. Frente a eso, surgen legítimas interrogantes sobre cuánto está dispuesto a conceder el presidente del gobierno español para seguir en el poder, considerando el alto precio que ya pagó.