Duros cuestionamientos a plan de reactivación educativa

Este medio reveló recientemente la existencia de un informe elaborado por la Contraloría General de la República en noviembre y que hasta ahora no había salido a la luz pública, pese a sus importantes hallazgos. El objetivo de este fue examinar el cumplimiento por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) de su Plan de Reactivación Educativa durante el año 2023 y específicamente los recursos involucrados en este y, en dicho contexto, sus conclusiones fueron demoledoras.

En primer lugar, en línea con las interrogantes y cuestionamientos que se levantaron en su oportunidad, el informe vino a ratificar las sospechas que había por una posible sobreestimación del gasto destinado a las iniciativas del plan. Así, la Contraloría estimó que la cartera presidida por el entonces ministro Marco Antonio Ávila, incluyó como parte de este plan recursos que en realidad correspondían a programas ya existentes y que, de ese modo, no implicaban una mayor inversión. Específicamente, calculó que los recursos efectivamente gastados fueron 91% más bajos de lo comprometido originalmente. En segundo lugar, el informe dio cuenta de una insuficiente cobertura de las iniciativas entre los establecimientos y estudiantes del país, pese a la magnitud del deterioro pospandemia. Y, tercero, verificó la ejecución tardía del presupuesto destinado a ellas, así como de la ausencia de mecanismos que permitieran hacerles un correcto seguimiento.

El informe de la Contraloría es bienvenido, pues representa una herramienta valiosa para evaluar una política pública como ha sido el Plan de Reactivación Educativa. Sin embargo, sus hallazgos son lamentables y muestran que, pese a la urgencia y a la importancia de este tema, aquí ha habido no solo problemas de gestión sino además una falta de foco inexplicable. Este plan surgió a raíz de la necesidad de enfrentar el deterioro sufrido por el sistema escolar y por los estudiantes en el período de la pandemia, como pérdidas de aprendizaje, vinculación escolar y de sociabilización debido al prolongado cierre de los establecimientos educativos. El consenso a nivel país respecto a la prioridad que este tema debía tener en la agenda del gobierno era prácticamente total, con el fin de evitar o al menos aminorar las duras consecuencias que la pandemia ya mostró y que seguirá mostrando hacia el futuro. Sin embargo, el informe de la Contraloría da cuenta de las deficiencias en la gestión del gobierno, así como de la falta de énfasis que en definitiva se puso en esta materia.

En definitiva, lo que aquí hemos visto es que se perdió la oportunidad de enmendar el rumbo de forma drástica e inmediata, para aminorar los costos que esto tendrá para el futuro. Los indicadores relativos al desempeño del sistema escolar, como es la asistencia, se han ido normalizando, pero todavía se ubican por debajo del nivel prepandemia, y no se produjo el salto que una inversión y esfuerzos mucho más significativos hubiesen permitido.