Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
El cambio discursivo y estético del ahora presidente electo Gabriel Boric entre la primera y la segunda vuelta -incluyendo el paso del puño en alto a un curioso gesto de gratitud tipo Dalai Lama- fue ampliamente comentado. Como estrategia, parece haber sido efectiva, pues logró que varios votantes se convencieran que las posiciones extremas no serían hegemónicas en su gobierno. Si bien esto es improbable y solo los hechos pueden confirmarlo, llama la atención que en el ámbito educacional no se haya observado ese giro al centro.
Educación fue el sector donde, supuestamente, más influyó el Frente Amplio en la primera mitad del gobierno de Bachelet II, antes de emprender su camino propio. Esta experiencia mostró que los cambios refundacionales y agresivos (y no muy bien diseñados) eran resistidos por la opinión pública, y solo pudieron llevarse a cabo gracias a dos componentes clave: el dominio de Bachelet sobre una mayoría parlamentaria holgada y una serie de cambios técnicos relevantes que le dieron factibilidad a las reformas. Hay dos elementos distintos ahora: no está Bachelet al mando, y están más lejos de una mayoría en el Congreso. ¿Qué se puede hacer?
La condonación total del CAE y otros créditos en educación superior ha sido la única propuesta educativa que ha logrado salir en los medios en la campaña recién pasada. La condonación es una política cara, que reemplaza un diablo conocido (que con todos sus defectos, ha permitido el acceso a la educación superior de cientos de miles de estudiantes) por un diablo por conocer, sin mejorar el neto. A pesar de gastar cerca 10.000 millones de dólares, no accederá ningún estudiante vulnerable adicional a la educación superior y las universidades no recibirán un peso más para enseñar investigar o innovar, y el sistema queda tal como está. Fue además una promesa de campaña, que, a pesar de los cuestionamientos de importantes economistas de centroizquierda, se mantuvo invariable. En lugar de persistir en políticas basadas en un objetivo ideológico y poco práctico, el presidente electo tiene aquí una oportunidad: es razonable abordar la deuda educacional con una estrategia que combine reprogramación de deudas y ajuste de los esquemas de pago. Si esto lo complementa con el diseño de un nuevo sistema de créditos que asegure cuotas contingentes al ingreso y plazos fijos y permita conservar la diversidad del sistema de educación superior, seguro encontrará los acuerdos que ha manifestado ver como una oportunidad.
Por otra parte, el “Plan de activación Educativa Integral” que se propone para enfrentar los efectos de la pandemia es otro ámbito importante en el que el mandatario electo puede mostrar un cambio interesante. Lo primero es reconocer el trabajo del presente gobierno, evitando la tentación demagógica de encontrarlo todo malo, y dando continuidad a varias de las políticas que se han implementado (priorización curricular, monitoreo de la deserción). Pero el desafío mayor es ponerse por encima de la intransigencia y conflictividad que demostró su sector en el Congreso respecto al regreso a clases: llegando al absurdo de acusar constitucionalmente al ministro por insistir asegurar el derecho a la educación de los niños, o presentar recursos ante la justicia para prohibir la apertura de las escuelas. El fracaso de estas dos iniciativas, así como el rechazo a las cuatro mociones parlamentarias del Frente Amplio que prohibían la vuelta a clases, debiera ser una señal potente de cambio de rumbo.
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