Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
El plebiscito constitucional implicará, casi necesariamente, un giro en el debate constitucional y de política pública en educación. Los temas podrán ser los mismos, pero el orden y las prioridades no.
Si gana la opción “Apruebo”, la implementación del nuevo texto implicará hacerse cargo de las altas expectativas, como también de las contradicciones y deficiencias del mismo. Los cambios inmediatos son relevantes: la instauración de los fines y principios únicos a un sistema caracterizado por la autonomía de sus instituciones y la libertad de proyectos educativos será difícil, sobre todo si se busca imponerlos de forma rápida. Es de imaginar que habrá presiones significativas por parte de las universidades del Estado de ver materializado sin demora su sueño de financiamiento fiscal ilimitado y basal en la ley de presupuestos del sector público que vendrá el mes siguiente. Pero lo importante será el diseño del nuevo Sistema Nacional de Educación. Es en ese ámbito en que deben defenderse, en base a los rastrojos de libertad de enseñanza que quedaron en el texto propuesto, un trato relativamente justo a la educación particular subvencionada frente a la preferencia por el mundo estatal. El reconocimiento al rol del mundo privado como colaborador del Estado en la labor de educar -y provisiones justas en el ámbito regulatorio como en el financiamiento- es un mínimo que quizás puede conseguirse en la discusión legislativa.
Junto a lo anterior, será muy importante reforzar en la ley la autonomía de las instituciones educacionales, tanto estatales como privadas, escolares y de educación superior. Esto será fundamental para evitar el control centralizado de la totalidad del sistema y la instrumentalización y captura del mismo por parte de la autoridad política. Pero sin duda lo más relevante será intentar morigerar la discriminación que conlleva la aplicación de la nueva Constitución sobre los estudiantes del mundo particular subvencionado. No será posible tener un Estado que trate por igual a quienes eligen la educación pública y quienes eligen la privada, pero habrá que resignarse a lo posible.
Si gana la opción “Rechazo”, la labor será comparable en dificultad. Debe comenzarse por una reflexión profunda, que lleve a buscar las razones por las cuales dos tercios de los convencionales mostraron un desprecio tan importante por el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Se debe analizar por qué la libertad de enseñanza fue tan pobremente materializada, y lo peor, reconocer que solo quedó mencionada en el texto gracias al pánico electoral que angustió en los minutos finales a convencionales cada vez menos populares. Asimismo, ¿por qué no se pudo llegar a acuerdo en una fórmula para asegurar financiamiento al mundo particular subvencionado? Es necesario mostrar cómo la libertad de enseñanza y la libre iniciativa en educación beneficia concretamente al país y a sus habitantes, y buscar convencer a quienes, muchas veces en base a consignas, pero también en base a malas experiencias, las rechazan.
Lo segundo será desmentir un mito que recorrió la Convención en materia de educación: que la única forma de mejorar lo público es debilitar lo privado. Debemos trazar la arquitectura de un sistema de educación pública que la refuerce y potencie, pero que no busque avasallar el sistema privado ni establecer discriminaciones odiosas, ni en educación escolar ni superior. Ello implica darle a la educación pública un rol específico y claro, y sobre todo, asegurar que los problemas que hoy la aquejan -captura por parte de gremios docentes, burocracia administrativa, instrumentalización política, ausencia de un proyecto pedagógico específico y distintivo- queden en el pasado. Esto será muy difícil, pues las autoridades actuales del Mineduc han demostrado, con actos y palabras, que ven el sistema en blanco y negro, todo en el Estado y nada fuera de este. Finalmente, será ineludible buscar un acuerdo en un sistema de financiamiento público sostenible para la educación superior.
Pasada la elección, la discusión continúa.
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