Educación: un bien de todos
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La situación que estamos viviendo nos interpela a todos y, por supuesto, requiere de un esfuerzo importante y conjunto para avanzar en mejoras y hacernos cargo de las demandas que hoy se levantan. Muchas de ellas necesitan de mayor reflexión y tiempo para llevarlas a cabo, otras en cambio se pueden implementar en el corto plazo. Para cualquiera de los escenarios será necesario mucha altura de miras y dejar de lado los intereses políticos que han entrampado las discusiones. En educación el panorama no es diferente y necesita de acción y determinación para que podamos generar las políticas de Estado que no hemos sido capaces de llevar adelante.
¿Por dónde partimos?
La respuesta no es difícil y como se ha repetido incansablemente, los niños van primero. El campo para generar un cambio está preparado. Existe consenso respecto de la importancia del desarrollo de la primera infancia y ya hay proyectos de ley que buscan hacerse cargo del problema: la subvención de los niveles medios y sala cuna universal. Si bien ambas iniciativas han tenido dificultades durante su paso en el Congreso, con verdadera voluntad política es posible su aprobación, la que especialmente en estos momentos debiéramos apelar más que nunca.
La crítica de la oposición hacia ambos proyectos se ha concentrado en el problema de la calidad, la que parece ser hoy un zapato chino. Al mismo tiempo que se exige, se recrimina que tanto el subsidio como el beneficio por sala cuna pueda ser entregado sólo a quienes certifiquen calidad por reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, pues al día de hoy sólo una minoría de establecimientos lo han obtenido. Efectivamente es un problema, pero ha sido tratado con mezquindad, juzgando de manera negativa la política sin entrar a analizar alternativas de solución transitorias y para el corto plazo, de manera que permitan en un futuro contar con un nivel parvulario diverso con alta cobertura y de calidad.
Una segunda vía de acción es la educación pública. Es necesario poner todos los esfuerzos en la correcta instalación de los Servicios Locales de Educación. Sólo en la medida que ello se haga bien, toda la política y la reforma estructural que se ha llevado a cabo tiene sentido. La tarea es primordialmente del Mineduc y de la Dirección de Educación Pública; sin embargo, también involucra a la localidad donde se instalarán los nuevos servicios, sus alcaldes y los propios establecimientos. La responsabilidad por la educación pública es de todos.
De la mano de lo anterior va la mejora de la calidad, que requiere de mayor tiempo, pero también de urgencia. En esto es clave recuperar la confianza en nuestras comunidades educativas. Poner los ojos en aquellos establecimientos que bajo todo pronóstico han logrado posicionarse dentro de los mejores del país, mirar el ejemplo de aquellos directivos y profesores que han alcanzado los mejores resultados de sus estudiantes y hoy están fuera de las estadísticas. No son necesarios grandes cambios en la normativa, sino darles las oportunidades y herramientas para que todos puedan instalar esas mejoras. Por último, en educación superior es necesario dar una salida para fortalecer el sistema, buscando equidad de la mano con la calidad, pues la gratuidad en ello ha quedado al debe.
La oportunidad está dada. Si algo nos ha enseñado este movimiento es que hace falta voluntad, diálogo y aceptar que pueden haber diferencias legítimas. Por lo mismo, lo que se espera de nuestros parlamentarios es que sean capaces de superarlas para que podamos avanzar.
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