A raíz de la inquietud por las dificultades económicas que ya aquejan a las familias chilenas producto del Covid-19, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto para suspender temporalmente el pago de aranceles en educación superior. Si bien se entiende la presión que recae sobre ellos en momentos como éste, es importante no apresurarse y analizar con cautela sus propuestas.
Hoy los aranceles aportan el 49% de los ingresos operacionales totales del sistema de educación superior. Ello sugiere el gran alcance que la suspensión de éstos tendría en los presupuestos de las casas de estudios y las restricciones que se impondría a su quehacer. Sin ingresos suficientes, no solo existe el riesgo de tener que interrumpir las clases que hoy se realizan en forma remota, sino de afectar también al personal docente, administrativo y directivo. Pues la mayor parte del gasto operacional en educación superior se destina al pago de remuneraciones -6 de cada 10 pesos en promedio-. Esta amenaza golpearía especialmente a los trabajadores y a los 575 mil alumnos (48% de la matrícula en educación superior) de instituciones que no reciben aportes fiscales por gratuidad y que obtienen más del 90% de sus ingresos desde el cobro de aranceles.
¿Qué hacer entonces? Dado que el problema es real, es urgente que las casas de estudios se anticipen a la creatividad parlamentaria y que busquen, en conjunto con sus docentes y alumnos, soluciones que se adapten a su propia realidad y que lleven a compartir solidariamente los costos de la crisis. En esa línea, parece conveniente pensar en apoyos focalizados a los estudiantes más damnificados. Muchas instituciones ya lo están haciendo: becas de internet, computadores, facilidades de pago, entre otros. Podrían crear además un fondo solidario a partir de eventuales disminuciones de gastos producto de la suspensión de actividades presenciales (por ejemplo, servicios de luz o agua), compensando además por el aumento de otros (licencias de plataformas web). Asimismo, podrían surgir iniciativas valiosas desde el personal que esté en condiciones de aceptar una reducción temporal de su remuneración para ir en ayuda de los estudiantes más afectados. Por último, podría extenderse el plazo para congelar el semestre de alumnos que presenten dificultades con las clases online, devolviéndoles los pagos que hubieran sido abonados.
No esperemos que sea el gobierno o los legisladores los que impongan sus soluciones. Las buenas ideas no siempre requieren una ley, sino la voluntad y solidaridad de las partes. Consensuemos medidas que permitan compartir los costos económicos de la pandemia, entendiendo que el bien superior a resguardar es la continuidad del servicio educativo y las relaciones humanas que éste requiere. Mientras más tardemos, mayor presión habrá para que los políticos presenten propuestas maximalistas que terminen siendo un peor remedio que la misma enfermedad que pretenden curar.
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