Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
A raíz de la pandemia y la crisis económica que se ha provocado afectando a la educación en todos sus niveles, algunos diputados han presentado diversos proyectos de ley que buscan apoyar a los estudiantes y sus familias que se han visto afectados. En específico: la iniciativa que busca regular los aranceles de la educación superior y exige a las instituciones desarrollar planes académicos y económicos para apoyar a sus estudiantes; y a nivel escolar, la iniciativa que busca impedir que los colegios nieguen la matrícula 2021 a quienes presenten deudas debido a la crisis financiera.
A pesar de que es relevante salir en ayuda de los estudiantes y sus familias, el medio que han escogido los parlamentarios para hacerlo pone en riesgo el desarrollo del sistema, pues las consecuencias que pueden traer en las finanzas de las instituciones podría afectarlas al punto de llevarlas a la quiebra.
Sin duda, la situación en el sistema parvulario y escolar es distinto al superior, pero tal como se ha dado la discusión, se encuentran ciertos elementos comunes, que responden a una razón de fondo, que, para los parlamentarios, tendría mayor relevancia que el fuerte impacto en el sistema que pueden traer las iniciativas.
En efecto, a raíz de este proyecto y otras diversas discusiones que se han dado, existen dos críticas relevantes a nuestro actual sistema educativo, que de hecho son una antesala a la discusión constitucional. Por una parte -se ve con mayor énfasis en nuestro sistema escolar-, se critica la provisión mixta, considerando que es el Estado quien debiera asumir la entrega de la educación de forma directa, avanzando hacia un Estado docente, cuestión que no implica en todo caso una mejora de la calidad. De hecho, el aporte de la educación privada para garantizar la educación a todos los niños ha sido relevante, y ha quedado aún más de manifiesto durante la pandemia, pues ha sido clave la colaboración público-privada para dar continuidad a la formación de los niños.
Por otro lado, se critica nuestro sistema de financiamiento. Aquí adquiere mayor relevancia en superior, donde se expresa la necesidad de avanzar en gratuidad como único medio de garantizar el derecho a la educación. Esto tiene ciertas dificultades, basta ver las recientes declaraciones de los rectores del Cruch que manifiestan preocupación por los efectos que tiene la política, desde la homogeneización de las carreras e instituciones, la falta de una mirada futura del sistema que no atiende a los costos crecientes y deja de lado la investigación, innovación, entre otros, aspectos que son fundamentales del nivel terciario.
Con todo, ambas discusiones son relevantes y necesarias; deben tenerse con seriedad y con el afán de fortalecer nuestro sistema, tomando en cuenta su desarrollo, mejora de calidad y equidad. Cuestión que solo puede darse dentro de una discusión integral. El problema es que el tipo de iniciativas que presentan los diputados intentan ajustar por secretaría nuestro actual sistema a su forma de comprenderlo, sin hacerse cargo de las implicancias que ello tiene y el debilitamiento del mismo, no solo en estos dos aspectos (diversidad y financiamiento), sino en otros también fundamentales como la calidad, el desarrollo e incluso la equidad.
Sin duda, actualmente estamos en una situación extraordinaria que requiere de esfuerzos mayores. Así lo han asumido los propios colegios e instituciones de educación superior, entregando apoyos y becas, pues precisamente son ellos los principales preocupados de cuidar a sus comunidades educativas y sus estudiantes, y a su vez de garantizar el derecho a la educación. El deber del Estado es apoyarlos en su trabajo, y abordar las circunstancias de manera de no poner en riesgo a la educación y sus aspectos fundamentales, como la libertad de enseñanza, la calidad, la equidad, la diversidad, y el trabajo que hasta ahora han realizado los docentes para dar continuidad a la formación.
