Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
Luego de los resultados del domingo, hay dos cosas que no pueden debatirse: es claro el sentir de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que se tienen altas expectativas para una nueva Constitución. Sin embargo, hay que tener presente que la Constitución por sí sola no tiene la capacidad de resolver los problemas sociales; en otras palabras, no podemos exigirle ser el instrumento de todas las mejoras, pero sí sentar las bases para promover las soluciones.
Para lograrlo, el trabajo debe partir por una reflexión responsable y seria sobre aquellos valores de una sociedad democrática. Algunas voces ya han esbozado cuáles serían estos principios: que el Estado está al servicio de la persona, la relevancia de las organizaciones intermedias y la sociedad civil, el pluralismo, la tolerancia, etc. Solo teniendo en cuenta este piso común es que podemos dialogar la manera en que se expresan en cada materia.
Uno de los aspectos más debatidos será sin duda la carta de derechos fundamentales, entre ellos la educación. Aquí tenemos un avance, pues educación es de las pocas materias en las cuales han existido diversas propuestas de reforma constitucional que permiten vislumbrar cómo viene la discusión.
En general, la mayoría de estas reformas plantean -de manera más o menos rotunda- avanzar hacia un Estado docente limitando la libertad de enseñanza y el rol de la sociedad civil. Sería contraproducente que de un proceso que busca relevar el rol de la ciudadanía terminemos en una Constitución que la debilite.
Es justamente en esta materia donde mayor resguardo debiéramos tener de estos principios comunes, pues sienta los cimientos para alcanzar una sociedad democrática. En ese sentido, y contrario a lo que ha sido propuesto en estos proyectos, se debiera buscar fortalecer a las organizaciones civiles, a las comunidades educativas y en especial a la familia. En esta línea, la nueva Constitución debiera definir un sistema educativo que promueva su fortalecimiento y las ponga al centro de la política y no las margine, de manera que el Estado en vez de asumir el rol propio de la familia -la educación de los hijos-, les ayude para que puedan conseguirlo, lo que no se contradice con su deber de promover la calidad y la equidad.
Lo anterior permite hacernos cargo no solo de la pluralidad de nuestra sociedad, promoviendo la participación de diversos proyectos educativos, sino también da cuenta de la responsabilidad compartida y el deber de la propia sociedad civil de garantizar los derechos fundamentales y buscar el bien común.
