La principal reforma a la educación pública –cuya característica más visible es el progresivo traspaso de los colegios municipales a nuevos servicios públicos conocidos como SLEP– no pasa por un buen momento.
La implementación de la reforma ha sido más complicada de lo que esperaban sus promotores, y muchas de las advertencias que hicieron sus opositores se cumplieron. Tres gobiernos han participado de la implementación, detectando problemas en la legislación, pero también mejorando progresivamente los tiempos y la gestión para hacer más efectivo el proceso. Sin embargo, no se logra observar en la opinión pública una percepción de mejora sustantiva. Los nuevos servicios locales, al menos a nivel de prensa y discusión política, son destacados más por sus problemas que por sus aportes.
La actual administración, junto con criticar injustamente a su predecesor de problemas que no ha sabido resolver, se presentó a la ciudadanía como un defensor de la educación pública. Pero su rendimiento no ha sido bueno, y por ahora solo ha ganado tiempo al lograr la postergación de la implementación de nuevos servicios (estrategia que, curiosamente, el sector político gobernante le negó a la administración anterior). Prometió, en sucesivos discursos en el Congreso, que presentaría un proyecto de ley que permitiría resolver los múltiples y graves problemas que desde sus distritos los diputados y senadores le hicieron llegar. Pero el proyecto presentado recientemente, si bien aborda algunos temas administrativos, es muy limitado en su foco y no logra ser el ajuste necesario a la reforma en cuestión.
Esto ha llevado a un escenario de riesgo en el Congreso Nacional. Ante las propuestas del gobierno, se observa por parte de los parlamentarios una desafección importante con esta reforma, de forma transversal. Hay dudas no solo del humilde proyecto presentado, sino de si acaso esta reforma en sí misma tiene la capacidad de generar mejoras a la educación pública. Quienes fueron sus defensores durante su diseño y aprobación en la segunda administración de la Presidenta Bachelet son quienes encabezan estas dudas. ¿Está en la agenda un retroceso?
En este ambiente de dudas, surgen voces que buscan promover agendas o intereses que no son los de la educación pública. Argumentan que el verdadero problema de la educación estatal sería la forma en que se entrega el financiamiento, o la sola existencia de la educación particular subvencionada sería la culpable. Otros buscan instalar una forma de “gatopardismo”, mantener la gestión municipal, con sus funcionarios y sobredotación, con otro nombre y bajo patrocinio del Estado central. El proyecto de ley del Ejecutivo, al no abordar los problemas centrales, permite por omisión que la crisis se profundice.
La educación pública está en una inflexión clave, pero pocos parecen darse cuenta. Los casos de incumplimientos graves de varios municipios (que han llegado al extremo de no pagar remuneraciones o cotizaciones previsionales a los profesores) muestran que los problemas de la educación municipal siguen latentes. La desmunicipalización en implementación debe ser mejorada en su fondo, replanteada quizás, pero no abandonada a su suerte, maquillada por proyectos de ley menores, ni instrumentalizada por quienes quieren ver avanzar su agenda. Y para eso solo el Ejecutivo tiene la palabra.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo Acción Educar
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