Educación superior: balance insuficiente

Si hay un sector que ha estado sometido a profundas transformaciones durante el último quinquenio es el de la educación. Los numerosos cambios introducidos al modelo obligaron al Estado a establecer un nuevo trato con el sistema de educación pública –por largo tiempo abandonado a las leyes del mercado-, que llevó a que entre diciembre de 2014 y agosto del 2018 se aprobaran una docena de leyes, de diferentes tópicos, dirigidas a su fortalecimiento. Algunos de estos nuevos textos legales tienen proyectadas acciones y efectos progresivos para los próximos años. También suponen la elaboración de un conjunto de reglamentos, decretos y asignaciones presupuestarias, que complementan la real vigencia de la denominada "Gran Reforma a la Educación".

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de esta "explosión legal", pero aprovechando el contexto que brinda a la Universidad de Talca cumplir 37 años de existencia, parece conveniente precisar, que el verdadero curso de la reforma y su "pulso", su intensidad, está dado por la real convicción del responsable de ejecutar la política pública en el proceso de cambio. Una convicción que, en este caso, pareciera responder a una lógica "lampedusiana" ("que todo cambie para que nada cambie"), más que a una efectiva certeza. Como si no explicar que transcurridos 8 meses desde que asumió el nuevo gobierno y cerca de un año desde que los principales textos legales de la reforma fueron aprobados, el balance sea claramente insuficiente. Basta observar el destino y financiamiento de los 15 nuevos Centros de Formación Técnica Estatal, sigue aún con importantes indefiniciones y déficit de recursos; la nueva Subsecretaría de Educación Superior se crea sin un presupuesto de trabajo; el reajuste del Aporte Fiscal Directo, AFD, de este año y el de otros fondos decreció en términos reales este año en un 0,5%. También disminuyeron los recursos para la internacionalización y el apoyo a la innovación en la educación superior.

Por otra parte, las remesas de gratuidad y becas que correspondía transferir durante el segundo semestre, aún no han sido entregadas a las Universidades, mientras que la comisión responsable de redactar el Estatuto Marco de las Universidades Estatales que contempla la ley y que tiene un plazo que se extiende hasta junio de 2019 para ser redactado, aún no ha sido convocada.

Como si eso fuera poco, los recursos que plantea la nueva Ley de fortalecimiento de universidades estatales -que entró en vigencia en junio pasado-, en particular en lo relativo a recursos humanos, no están considerados en la Ley de Presupuesto 2019. Además, la Comisión de cinco rectores de universidades estatales, entre los que me incluyo, que debe coordinarse para la implementación de la mencionada Ley aún no ha sido convocado. Tampoco se han designado aún, en ninguna universidad, los representantes del presidente de la República en la Junta Directiva, principal cuerpo colegiado de gobierno de las universidades y que representan, dicho sea de paso, un tercio del quórum.

Podría enunciar un par de hechos más, pero las señales que hemos estado recibiendo como sector estatal de la educación superior no han sido halagüeñas.

Sabemos perfectamente que es precisamente la voluntad política la que mueve los cambios y las transformaciones en toda sociedad, desde que existe la organización del estado moderno.

Atrás en la historia, el filósofo francés Jean Jacques Rousseau desarrolló el concepto de "voluntad general", central en su tesis del "contrato social", que es el que se adopta cuando los hombres no pueden superar los obstáculos del "estado natural". El contrato social es nítidamente una expresión de voluntad general, traspasada a la voluntad política.

La reforma a Educación Pública fue una suerte de un "nuevo contrato social", donde el Estado, retomaba parte del rol histórico que había tenido y que había delegado drástica y dramáticamente en el mercado.

La educación iniciaba un proceso de recuperación como bien público después de operar por décadas como bien privado.

Con la gratuidad las instituciones incorporadas a este principio cedieron al Estado su autonomía de fijar las vacantes y aranceles de sus instituciones, lo que como norma representa a casi el 60% del presupuesto de las Universidades.

Cedieron a la Subsecretaría de Educación Superior las bases de los programas de fortalecimiento de nuestras instituciones, entre tantas otras atribuciones.

Nos encontramos ahora, al parecer, en la compleja zona de peligro que conjuga la falta de voluntad política con las severas restricciones al financiamiento de nuestras instituciones; una tormenta perfecta.

Hoy nosotros podemos mostrar al Estado 18 universidades estatales distribuidas a lo largo de todo el territorio, con interesantes proyectos de desarrollo ¿Algún día el Estado creerá verdaderamente en nosotros?