Por Aliro Bórquez, presidente Red G9, rector de la Universidad Católica de Temuco
De cara al proceso constituyente actualmente en curso, la Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9, además de poner a disposición nuestras capacidades académicas e infraestructura, hemos entregado a la Mesa directiva de la Convención Constituyente y a todas y todos los convencionales el documento “Educación Superior y Constitución: Aportes para la Convención Constitucional”, con el objetivo de contribuir al debate constitucional sobre las universidades, tratando de precisar el marco de discusión a partir de ciertos elementos históricos y grandes ejes rectores: la función pública, el régimen público y la autonomía universitaria en sus diversos ámbitos junto con la libertad de enseñanza, como garantía de una formación, investigación y vinculación fundada en un conocimiento independiente y de calidad, y que aporten a la configuración de un sistema educativo que garantice el acceso a una educación superior equitativa, inclusiva, pluralista y de excelencia con provisión de carácter mixto.
En temas de calidad, la red es ampliamente reconocida por sus indicadores. Así, el promedio de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación de todas nuestras universidades es de casi 6 años al 2021, y con acreditación de la totalidad de las áreas de investigación. Además, nuestras universidades tienen un importante compromiso con estudiantes vulnerables. En el 2020, acogimos al 45% de los estudiantes matriculados vía PACE y beneficiamos a más de 77 mil estudiantes -de un total de matrícula de 161 mil estudiantes de pregrado.
Nuestra educación superior requiere necesariamente de altos estándares de calidad y eficiencia para poder formar los profesionales que Chile necesita, y generar la investigación y el conocimiento que le permita al país estar a la vanguardia. En este sentido, nuestra red está comprometida con una alta producción científica, generando el 50% del conocimiento de Chile, representando sólo el 15% del total de universidades del país.
En la redacción de una nueva Constitución creemos que es muy relevante que el Estado asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas estatales y no estatales, asegurando una igualdad de reconocimiento, en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en un régimen de financiamiento simétrico y sin discriminación, y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales, ya que esto trae consigo la posibilidad de seguir desempeñando el valioso rol que las universidades del G9 vienen desarrollando hace décadas, para seguir educando y generando investigación de excelencia.
Como en ocasiones anteriores, es parte de nuestra misión y nuestro rol público contribuir con la discusión de políticas públicas del sistema de educación superior en su conjunto. Inspirados en la pluralidad de una sociedad democrática donde el Estado debe asegurar la necesaria provisión de educación superior, estatal y privada, laica o confesional, que posibilite a las personas su elección y que represente un contrapeso para la ciudadanía ante el poder del Estado.
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