Por Carlos SaavedraPresidente, rector de la Universidad de Concepción, y Cristhian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Red G9
Como universidades públicas agrupadas en la Red G9, observamos que el texto constitucional propuesto presenta un trato desigual entre las universidades públicas no estatales y las que pertenecen al Estado. Una revisión del documento constitucional muestra que no se resguarda el rol que las instituciones cumplen, de forma independiente de su propiedad o modalidad de provisión. Dado que la propuesta de Constitución presentada orienta todas las disposiciones para las universidades estatales, pone en riesgo aspectos como la preservación de las garantías de autonomía en la gestión y el régimen de financiamiento de los centros de estudios de esta red.
Adicionalmente, si consideramos las funciones históricas de las universidades públicas tradicionales del G9, nos percatamos de que el texto constitucional presentado afectaría al aporte en formación de profesionales, investigación de excelencia, así como en la innovación y en la generación de nuevo conocimiento que se realiza en estrecha vinculación con los territorios, en beneficio del desarrollo del país. De manera específica, nuestros indicadores de calidad se ven amenazados seriamente en el largo plazo, como por ejemplo el 45% de la productividad científica nacional que generamos, aun cuando las instituciones de la Red G9 conforman solo el 15% de las universidades del país. Asimismo, en materias de investigación aplicada, el 75% de las patentes concedidas en Chile por INAPI se concentran en 5 universidades, de las cuales 3 son parte de la red.
Precisamente, estas situaciones que nos alertan fueron analizadas por la Red de Universidades G9 en el seminario “Sistema de Educación Superior en la propuesta de Constitución para Chile”, instancia de diálogo realizada hace pocos días en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el encuentro, tres académicos de las universidades de la red discutieron y proyectaron los temas que nos inquietan, tales como la forma en que se expresa el rol del estado en el texto, la autonomía universitaria, el financiamiento de las instituciones de educación superior y el modo en que se reconoce a las universidades G9 en la propuesta constitucional.
Creemos que el camino que guíe los siguientes pasos debe orientarse a continuar fortaleciendo el rol público de las instituciones de la red, esto es, continuar trabajando porque se reconozca la significativa contribución a la formación de profesionales, la investigación e innovación que realizamos para el desarrollo del país y el aporte sostenido hacia las comunidades a través de nuestras permanentes actividades de vinculación con el medio.
En este sentido, queremos dejar de manifiesto que, como agrupación, independiente del resultado del proceso de plebiscito de salida, seguiremos trabajando para el reconocimiento de las Universidades Públicas agrupadas en la Red G9, instituciones que, en términos históricos y actuales, han sido determinantes en el desarrollo del sistema nacional de educación superior chileno.
