Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
A días de las elecciones para elegir a quienes nos representarán en la Convención Constitucional, vale la pena dejar plasmados aquellos aspectos más relevantes que deben ser el punto de partida y aspectos fundamentales de la Constitución que se escribirá.
La dignidad de la persona debe ser el punto de partida de la discusión, comprendiendo que ésta emana de la igualdad y libertad, inherentes al ser humano. Por esto, conscientes de que habrán cuestiones opinables, como el tipo de gobierno que queremos tener; hay otras como la servicialidad del Estado frente a la persona humana, la soberanía de la nación, la libertad de expresión y de conciencia, entre otras; que deben ser el piso común desde el cual comenzar la reflexión de nuestra Constitución.
Desde el punto de vista de la educación, lo anterior tiene consecuencias relevantes para la comprensión del sistema. La dignidad de la persona nos debe llevar a desarrollar sistemas educativos de calidad que permitan su pleno desarrollo, lo que significa una educación en libertad.
Respetar la libertad en la educación se manifiesta de diversas formas y de manera muy sensible desde la comprensión de la libertad de expresión y de conciencia. No podemos formar a alguien contra sus propias convicciones, así como tampoco obligar a enseñar contra las mismas. Por ello se reconoce a los padres el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos, lo que va más allá de elegir el establecimiento. Esto es más bien una consecuencia de poder definir la comprensión de persona que se quiere inculcar, con los valores, principios, creencias, etc.
La Constitución debe reconocer estos derechos, así como su concreción en la posibilidad de formar proyectos educativos diversos, dando lugar a la provisión mixta de la educación, pero también a la libertad de proyectos educativos dentro de la educación provista por el propio Estado.
Lo anterior no es contrario a la posibilidad de que el Estado cumpla un rol fuerte dentro del sistema educativo. Es más, su tarea incluye tres importantes ámbitos: primero, velar por el derecho del niño a ser educado mediante una educación de calidad, para lo cual puede establecer requisitos mínimos; segundo, exigir que los padres cumplan con su deber de educadores preferentes y garantizarles la posibilidad de elegir efectivamente la educación para sus hijos; y, tercero, garantizar la libertad y autonomía para la formación de diversos proyectos educativos, que hagan efectivo el poder desarrollarlos.
Si bien nuestra Constitución reconoce hoy la libertad de enseñanza, en la práctica es poco lo que realmente promovemos este derecho. Los proyectos educativos propios son poco frecuentes debido a la alta carga burocrática que se exige para su puesta en práctica, hay poco espacio para la innovación y se les entrega insuficiente autonomía. Más que reducir su implicancia -como han manifestado algunos- parece ser necesario dar un contenido más claro y específico, que permita una comprensión de la educación conforme a una mirada de un país democrático, que reconoce la igualdad y libertad de todas las personas.
