Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
En la última década, la educación ha sido uno de los principales escenarios elegidos por grupos con intereses políticos para librar sus batallas ideológicas. En parte por eso, dicho sector ha sido objeto de múltiples reformas que lo han dejado en estado de shock, teniendo que adaptarse a nuevas normativas de la manera menos traumática posible, a la vez que manteniendo la continuidad del servicio educativo y tratando de cumplir con diversas expectativas. Y, como si esto fuera poco, debiendo luego enfrentar las dificultades que trajo la pandemia, que irrumpió sin aviso previo.
Ese es el contexto en que asumirá el próximo gobierno. Es por ello fundamental que los candidatos elijan propuestas realistas y establezcan objetivos lo más concretos posibles, de manera de otorgar a las comunidades educativas la claridad y estabilidad que se ha perdido en el último tiempo y que les permita enfocarse en lo pedagógico.
José Antonio Kast ha presentado un programa más bien general, con el que busca promover principios valiosos que hoy están especialmente amenazados, como es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, de lo que se deduce que no introducirá más reformas estructurales que estresen el sistema, sino que, al contrario, buscará generar mayor confianza en las escuelas y reforzar el rol de los padres y la familia. Su desafío está en aterrizar de qué manera pretende lograr esos fines, así como en abandonar la pretensión de retroceder abruptamente en reformas que ya se están implementando y que difícilmente se podrán echar atrás sin dejar damnificados.
Gabriel Boric, en cambio, propone profundizar las leyes aprobadas en los últimos años, así como los principios que las sustentaron, otorgando un rol preponderante al Estado y exigiendo la billetera fiscal a niveles ilusorios. Si no quiere crear falsas expectativas ni estresar al sistema, sería conveniente reconocer desde ya los límites de la capacidad estatal, transparentar los costos de sus propuestas y definir en cuáles de ellas se enfocará, pues no será posible –ni deseable- avanzar simultáneamente en todas. Adicionalmente, debiera comprometerse y aclarar ciertas ambigüedades, como cuál será el tratamiento que su eventual gobierno dará a la educación particular subvencionada, que a pesar de ser la preferida por las familias chilenas y a la que asisten más de la mitad de los estudiantes del país, su sector político constantemente ha buscado suprimir.
Es claro que ambos candidatos tienen visiones muy distintas de lo que puede y debe hacer el Estado en educación, así como del rol de las familias y el sector privado. Con todo, en esta oportunidad lo que se requiere es una mirada de largo plazo y un programa acotado, que defina con claridad las prioridades y que otorgue seguridad a las familias y los establecimientos que éstas elijan. Ya han sido muchos años de albergar batallas ajenas, lo que se necesita hoy es confianza, apoyo y certezas.
