Por Sebastián Izquierdo R., coordinador académico del CEP.
El panorama educacional no es nada auspicioso. Esto, ya que la deuda histórica que tenemos con los niños, niñas y jóvenes en lo que respecta a una formación integral, se han sumado los estragos que dejó el Covid-19. Dicho lo anterior, es necesario preguntarse: ¿Cómo estamos reaccionando a esta situación? Me temo que hemos caído una vez más en una crónica de una muerte anunciada: estamos sobreponiendo una agenda ideológica, por sobre el pragmatismo que una situación así amerita.
Era sabido que el cierre de los establecimientos educacionales en nuestro país estaba siendo exageradamente prolongado. Sin embargo, a pesar de la alarma que se levantó, hubo algunos que optaron por “privilegiar” sus intereses por sobre el de los estudiantes. Ejemplo de esto son: (1) la inexplicable actitud con que el gremio de los profesores, durante los dos primeros años de la pandemia, insistió en torpedear cualquier intento de apertura de las escuelas; y (2) el uso del “arma de último ratio” utilizada por la oposición política, la que terminó por acusar constitucionalmente al ministro de Educación de ese entonces.
Algunos pensamos que la llegada del Presidente Boric pudo haber revertido esto, pero no fue así. Incluso el nuevo jefe de la cartera de Educación, antes de asumir, manifestó su aprensión con la apertura obligatoria de los establecimientos, teniendo muy poca delicadeza con la promesa que ya había hecho el actual Mandatario respecto a que “las escuelas serían las primeras en abrir y las últimas en cerrar”. Inclusive, con la llegada de marzo y el explosivo aumento de la violencia escolar, la nueva autoridad salió a decir, paradójicamente, que la extensión de la jornada escolar era la responsable. Por lo demás, sin siquiera haber cumplido un mes en el cargo, solicitan al Consejo Nacional de Educación la suspensión del Simce 2022 -brújula que las comunidades necesitan para conocer las falencias-, aludiendo a restricciones presupuestarias, que en realidad son meramente ideológicas.
A todo lo anterior, se suma además, el escenario bastante poco esperanzador que ofrece la Convención en cuanto a la educación del país. Mañana se votará en el Pleno los artículos ligados a este derecho, dentro de los cuales se encuentran retrocesos como la idea de no incorporar la obligatoriedad de Kínder, o fijar que los recursos públicos se destinarían con mayor preferencia a los establecimientos estatales en desmedro de los estudiantes más vulnerables del país, que muchas veces se educan en el sistema privado.
Nos estamos alejando de alcanzar un país más próspero; uno donde nadie termine “bailando y pateando piedras”. Ya les fallamos a la generaciones anteriores, y, de seguir este camino, probablemente lo haremos también con las futuras. La falta de calidad en la educación y las desigualdades que arrastramos desde hace décadas, sumadas a las que provocó la pandemia, deben ser remediadas con medidas que permitan a las comunidades educativas hacer frente a las apremiantes urgencias que cada una de ellas tiene, y en este desafío, la ideología no nos puede cegar.
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