El abuso comunicacional del “pacto fiscal”

El gobierno ha emprendido una fuerte cruzada en favor de aprobar el llamado “pacto fiscal” -iniciativa que fue presentada en agosto, y que el Ministerio de Hacienda pretende relanzar por estos días, incorporando una serie de cambios-, y para ello no se ha escatimado oportunidad, invocando con este fin insólitos ejemplos o incluso valiéndose de situaciones trágicas para instalar la noción de su perentoria necesidad, como ocurrió con el reciente asesinato de un menor de cinco años. Una estrategia comunicacional de este tipo no sólo contamina un debate que debería ser altamente técnico, imponiendo una presión indebida sobre los parlamentarios, sino que además abusa de las posibilidades que entrega este instrumento, pues es voluntarista creer que el país resolverá mágicamente sus problemas más acuciantes por el solo hecho de contar con este instrumento.

Al revisar distintas intervenciones públicas de autoridades, se observa que el propio Presidente de la República señaló -en cadena nacional- que si bien el presupuesto fiscal 2024 es un avance en muchos temas, “todavía tenemos tareas pendientes como, por ejemplo, pagar mejores pensiones, que sólo se podrán resolver si hacemos un esfuerzo especial para obtener nuevos recursos permanentes, con más crecimiento y una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos”. El condicionamiento de estas metas a la consecución del pacto soslaya la discusión sobre la optimización en el uso de los recursos públicos así como los problemas de evidente gestión que arrastra el Estado, insistiendo en la creencia de que sólo con más recursos se resuelven los problemas.

Por su parte, la vocera de gobierno ligó oportunistamente el llamado “caso audios” con la necesidad de aprobar el pacto. Según sus dichos, para enfrentar estos casos de corrupción, que implican menos recaudación de impuestos para pagar salud, educación y otros bienes públicos, se requieren mejores leyes, “y el pacto fiscal entrega una propuesta legal para enfrentar de mejor manera estos actos de corrupción que son generados por personas que pueden vestir bien o tener redes de poder”. El ministro de Hacienda tampoco se restó de esta línea argumentativa, al señalar que dicho caso le podría dar un reimpulso al pacto, porque lo que es claro -señaló- es que el Estado tiene que tener las capacidades, los instrumentos, los recursos para poder controlar la evasión.

Esta semana el titular de Hacienda adelantó que el pacto será rebautizado como “pacto por el crecimiento económico, progreso social y la responsabilidad fiscal”, y recordó que las necesidades prioritarias de gasto, es decir, pensiones, salud, seguridad pública y seguridad social, suman US$ 8 mil millones, equivalentes a 2,7% del PIB. “Para poder financiar esas necesidades se debe contar lo que puede aportar el crecimiento, lo que puede aportar la reforma del Estado y lo que puede aportar el cumplimiento tributario”. Con todo, llamó la atención una cifra que entregó el ministro: para el período 2018-2020, se pudo estimar que la brecha de incumplimiento tributario total considerando el IVA y la tasa corporativa fue del orden del 6,5% del PIB; de ello se desprende que abordando con decisión el incumplimiento tributario, con mejores controles para la evasión y elusión, se podrían allanar buena parte de los recursos que requiere el plan del Ejecutivo, lo que desde ya plantea la pregunta sobre la necesidad de seguir subiendo los impuestos a las personas de mayores ingresos, otra de las medidas que contempla el pacto, y que algunos sectores del oficialismo una y otra vez enfatizan como el elemento medular de cualquier estrategia social.

Pero lo que claramente ha sobrepasado todo límite son las declaraciones del subsecretario del Interior, quien aprovechando el trágico asesinato de un menor de 5 años que murió en su casa producto de disparos a la vivienda, en lo que aparenta ser un caso de “ajuste de cuentas”, buscó con ello ganar apoyo para el pacto. Señaló que a propósito de este horrendo crimen es indispensable no sólo tener más carabineros en la calle, para lo cual es necesario liberarlos de tareas administrativas, sino también aumentar la planta de la PDI. “Eso requiere un acuerdo para financiarlo (…) Por eso, cuando se habla de un pacto fiscal, se habla de un Pacto Fiscal para financiar las políticas de seguridad que el país requiere”.

Es lamentable que el subsecretario, en vez de anunciar medidas concretas para enfrentar un tema que ha escalado a una verdadera crisis de inseguridad -donde los asesinatos deliberados mediante uso de armas de fuego se han incrementado peligrosamente-, no haya resistido la pulsión de valerse de un caso así para promocionar veladamente una política que impulsa el gobierno y eludir el tema de fondo, que es la ineficiencia del Estado para poder enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, lo que no se limita a un tema de más recursos. Simplificar las cosas de esta forma no se condice con lo que se espera de la autoridad, algo que por lo demás resulta un abierto insulto para la ciudadanía y las víctimas.

El pacto fiscal que propone el gobierno es un instrumento que deberá ser analizado en su mérito técnico y de acuerdo a los consensos políticos que sea posible alcanzar. El gobierno debe buscar convencer sobre su pertinencia con argumentos bien fundados, evitando valerse del oportunismo comunicacional, y debe ser también muy responsable para no sobredimensionar las reales expectativas respecto de este instrumento, al presentarlo como una suerte de panacea.