La Comisión por la Paz y el Entendimiento se creó como un órgano consultivo. ¿Su objetivo? Proponer una hoja de ruta posible para alcanzar la paz en el conflicto mapuche. Ni la complejidad del desafío ni la trayectoria de los comisionados pueden nublar nuestro juicio sobre su resultado. La comisión, lamentablemente, no logró proponer las bases de un acuerdo por la paz, porque si bien el texto entregado contiene medidas concretas que permiten alcanzarla, al mismo tiempo contiene otras que perpetúan el conflicto.

En particular, el texto propone al Estado garantizar derechos colectivos al pueblo mapuche, los que no son solo culturales sino también políticos. Estos últimos incluyen formas de autogobierno comunitario y representación corporativa indígena en el Congreso. Estas iniciativas ya fueron descartadas por la abrumadora mayoría de los chilenos, lo que inexplicablemente no pareció importar a los comisionados. Y si esto ya es grave, lo que resulta completamente inentendible es que pidan al Estado garantizar “escaños reservados” sin ofrecer un mínimo diseño que permita entender lo que se garantizaría. Aun cuando el Estado implemente las sugerencias, es razonable anticipar que fallará en una al menos: la legalización de la participación política indígena en los órganos decisorios chilenos no puede comprometerse con seriedadsin antes de haber delimitado criterios básicos de cumplimiento potencial.

El Congreso podría entregar reconocimiento constitucional, despachar una ley reparatoria, y aprobar la creación y presupuestos de los organismos sugeridos. El Fisco podría transferir el dominio de tierras. Y, aun así, se podrá sostener que el Estado no ha honrado sus compromisos (indivisibles), mientras no entregue la participación política prometida (la que es dable anticipar se exigirá sea “sustantiva y no solo formal”). ¿Será entonces legítimo mantener viva “la violencia rural”?

No existe entonces una propuesta de acuerdo por la paz. Desde un inicio se supo que el desafío exigiría ceder para el consenso, coraje frente a la crítica ingrata, y, sobre todo, entereza frente al muy probable fracaso. Por eso, y no por un perfeccionismo absurdo, los comisionados se autoimpusieron la unanimidad que finalmente no alcanzaron: eran conscientes de que solo ellalegitimaría un resultado que de suyo sería difícil digerir. Por eso también es que la buena fe, hoy y en el futuro, exigiría entender que las sugerencias de la comisión son indivisibles, en el sentido de formar un “paquete” de propuestas, negociadas las unas en función de las otras, y todas ellas en conjunto para alcanzar la paz.

El objetivo de la comisión no fue alcanzar justicia, porque los chilenos no estamos de acuerdo sobre “qué es lo justo” en la Araucanía, y los comisionados no pueden definirlo por nosotros, ni contra nosotros. Su objetivo en cambio fue proponer un camino de paz. Ello exige renunciar a imponer sin matizar, y renunciar también a la tentación personalista que pareció asomar en algunos comisionados. Significa reconocer con honestidad que no se logró lo propuesto. Aceptar, en otras palabras, que solo existiría un acuerdo si el texto se hubiese adoptado por unanimidad. Pero, sobre todo, aceptar que solo existiría un acuerdo en la medida en que el texto permitiese seria y razonablemente, por medio de renuncias recíprocas, delimitadas y articuladas, anticipar (aun sin garantizar) el fin de laviolencia. Evidentemente, esto no es lo que ha ocurrido.

Por Fernanda García, Faro UDD