Por Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC
¿Importa para Chile ser un país creíble en el mundo? Esta es una pregunta que cabe hacerse a partir del artículo 135 de la Constitución, que obliga al futuro texto constitucional a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.
La llamada “cláusula de límites” no hace sino confirmar un marco de acción lógico: que la Convención debe cumplir las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha contraído en el sistema internacional. Tanto así que, aunque no existiera el artículo 135, los constituyentes deberían tener a la vista la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el hecho que el respeto del Derecho Internacional es uno de los principios fundamentales de nuestra política exterior.
La visión “unilateral” y “revisionista” que pretende culpar a los tratados internacionales como obstáculos para el proceso constituyente comete tres errores básicos.
Primero, todos los estados que forman parte del sistema internacional están dispuestos a limitar el ejercicio de su soberanía, por los beneficios que significa integrarse con otros. Si Chile se obliga en un tratado, hay otra parte que también lo hace: ambas se benefician y obligan de lo pactado. Segundo, si el Derecho Internacional no generara una responsabilidad básica de los estados, sería meramente declarativo; así las relaciones internacionales serían inestables y poco pacíficas. Por último, muchos tratados contemplan mecanismos para ser revisados, modernizados e incluso vías de salida, como la denuncia en el caso de los comerciales.
La discusión trasciende lo jurídico: ¿por qué es conveniente seguir siendo un actor serio y confiable en el concierto internacional? Como país mediano, Chile necesita al mundo. Para crecer económicamente, para promover valores como los derechos humanos, para enfrentar problemas globales como pandemias, o para atraer inversión tan necesaria como las energías limpias, entre otros.
Chile es respetado a nivel internacional porque cumple sus acuerdos y ha construido una reputación de país estable y previsible en sus relaciones internacionales. Sería difícil que sin esa seriedad Chile hubiese sido elegido por Sinovac para instalar una planta de producción de vacunas, o que tengamos la mayor disponibilidad de dosis en América Latina. Tampoco sería probable que potencias como Estados Unidos o China hubieran elegido al país como uno de los primeros del continente para firmar acuerdos comerciales. O que tengamos a chilenos liderando distintas instancias internacionales.
Nada de esto es casualidad: responde a una reputación de país serio, que honra sus compromisos internacionales y que define su política exterior como “política de Estado”. Y esa credibilidad se ha traducido en beneficios concretos para el país.
En suma, más allá de lo jurídico, existen razones de sobra para respetar el artículo 135 y continuar la senda que Chile ha recorrido las últimas décadas.
