Por Marcelo Drago, abogado, profesor de Derecho Parlamentario
Se cumple un mes de la Convención Constitucional y arrecian las críticas. Que no han hecho nada, que no tienen ni reglamento, que discuten temas que no son de su competencia, que discuten temas procedimentales, que no avanzan, que se quiere inventar la rueda en materias ya resueltas hace tiempo en el Congreso.
Creo que hay que darles el beneficio de la duda. Primero, se situaron demasiadas expectativas en la Convención Constitucional y en el proceso deliberativo de una nueva Constitución. Se pensó que un grupo selecto, “puro” en su origen, por el solo hecho de convocarse a deliberar, iba a resolver los procedimientos y las normas óptimas partiendo de cero. Solo debían desarrollar su propio reglamento, algo menor, lo importante es resolver los grandes temas. Como “no son políticos”, por alguna razón van a tener una ventaja, van a ser mejores, alejados de las malas prácticas y vicios que se supone tiene capturado al Congreso.
Se idealizó un poco todo. El proceso de elaboración y discusión de una materia tan compleja como un nuevo texto constitucional, por una asamblea de 155 personas destacadas, pero humanas al fin, puede ser lento, arduo y muy laborioso.
Para que la deliberación de 155 miembros sea conducente a un texto, se requieren normas y procedimientos detallados, incluyendo reglas organizativas, de comisiones, comités, sesiones, discusiones, apertura y cierre del debate, de votaciones, conteo de quórums, registros, publicidad y transparencia, lobby, conflictos de interés, participación y muchas otras.
La Ley Orgánica del Congreso resuelve elementos procedimentales clave para las cámaras del Parlamento, data de 1990 y ha sido modificada en 10 ocasiones. Luego, los reglamentos la Cámara de Diputados y del Senado resuelven otro largo listado de temas, bajando al detalle que se necesita en el día a día. Pero estos reglamentos tienen más de 150 años de modificaciones, ajustes, ensayo y error. Los quórums de votaciones, señalados en fracciones de miembros de una corporación, se calculan en base a una ley que data de 1878. Aun así, todos los días hay alguna disputa reglamentaria o diferencias de interpretación en los procedimientos que consumen parte nada despreciable del debate parlamentario. ¿Es eso signo de malas prácticas políticas, resabios que se deben superar? Creo que no, es más bien la constatación de un hecho básico: los procesos deliberativos son complejos y las reglas que los rigen son igualmente complejas, porque pueden determinar su resultado.
Pero de alguna forma, desde un ideal abstracto que fuimos creyendo posible, se pensó que en un mes se debía tener un reglamento y se estarían discutiendo los temas de fondo y muchas cosas más.
Sobre las críticas a declaraciones o debates en temas que no son de su competencia, nada tiene de extraño o inconstitucional. Sucede todos los días en el Parlamento, se les llama “proyectos de acuerdo” o “proyectos de resolución”. Se plantean declaraciones, peticiones o se formulan proposiciones en ámbitos que exceden su competencia, y se votan. Nadie reprocha su existencia.
Los convencionales tienen su cuota de responsabilidad. Sin duda es su rol revisar las actuales normas y rechazar las que crean contraproducentes. Pero también es su deber identificar aquellas reglas y prácticas que son fruto de la experiencia histórica y que permiten a un grupo tan grande como 155 personas, deliberar y producir los resultados esperados.
No hay que perder la fe. Hay tiempo por delante, y muchas esperanzas puestas en el proceso. Lo más difícil es partir, escalar esa curva de aprendizaje cuesta arriba, que lleva a la meseta en que la deliberación colectiva comienza a dar sus frutos.
