Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
La Convención Constitucional es un experimento de resultado incierto. Fue inventada por los negociadores del 15 de noviembre de 2019, la mayoría de ellos parlamentarios, a los que no les preocupó el efecto de crear un segundo parlamento. En realidad, tampoco le preocupó al gobierno, lo que revela el estado de shock en que se encontraba en aquel momento. Luego, el Congreso regaló sus facultades en materia constitucional al nuevo órgano, y los partidos creyeron haber descubierto una vía para incrementar su propio poder. Parece que las cosas no salieron como estaban planeadas.
Como aprendices de brujo, los partidos desataron la dinámica de ponerlo todo en discusión, y no se dieron cuenta de que eso los incluía. El sentimiento antipartidos de muchos independientes elegidos no surgió de la nada: los propios partidos lo generaron con su comportamiento veleidoso. Ahora, están constatando que las flaquezas cívicas siempre tienen un precio. ¿De qué le sirvió a la Democracia Cristiana haber bailado en el Congreso al ritmo del desenfado y la demagogia?
El discurso hipertrofiado sobre la trascendencia histórica de la Convención ha vuelto borroso el horizonte. Se dijo tanto que se iniciaba una nueva época, que algunos de los convencionales elegidos se convencieron de que pueden ir más allá del marco legal pactado. Es la idea voluntarista de correr el cerco, expresada esta vez como “convencionalismo de facto”. En los hechos, ven la Convención como un poder alternativo que puede fijar sus propias reglas. El riesgo de cortocircuito es real, puesto que la Convención solo puede funcionar dentro de las normas establecidas en la actual Constitución. Ninguna resolución de los convencionales se convertirá en ley de la República: solo será parte de un proyecto de nueva Constitución, que luego será sometido a plebiscito.
Es mejor no seguir diciendo que la Convención definirá el futuro de Chile. Ese futuro se definirá en muchos ámbitos, y dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer todos los chilenos. Si la Convención funciona razonablemente, sus resultados se conocerán dentro de un año. Es obvio que el país no paralizará sus actividades a la espera de ello.
La mayor exigencia de esta hora, por encima de cualquier partidismo, es contribuir al entendimiento y la colaboración de todos los que quieren dar un cauce de sensatez a la vida política. Ello exige respetar las reglas vigentes y generar un clima de diálogo democrático. En los próximos meses, en que se agudizará la competencia electoral, será crucial el compromiso con la estabilidad y la gobernabilidad. Por lo tanto, el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial tienen obligaciones constitucionales que no pueden dejar de cumplir. Un asunto fundamental es fortalecer la certeza jurídica.
Más allá de lo que suceda en la Convención, dentro de seis meses, elegiremos Presidente de la República, senadores y diputados. Representarán inequívocamente la continuidad institucional.
