Marcelo Mena es Director del Centro de Acción Climática PUCV y ex ministro de Medio Ambiente
El año 2019 Chile fue el octavo país con mayor porcentaje de pérdida de PIB debido a eventos climáticos, de acuerdo con el Global Climate Risk Index de Germanwatch. Gran parte de esos eventos se han concentrado en los últimos cinco años, en los que hemos sido testigos de la sequía, inundaciones, aludes, incendios forestales y marejadas. Sin embargo, esto representa sólo una fracción del daño a la economía. El Banco Mundial estima que Chile pierde alrededor de 2 mil millones de dólares al año por interrupción de servicios básicos, ya sea cortes de agua y de luz. Invertir en resiliencia es fundamental, y con un costo marginal adicional (alrededor de 3%) se pueden blindar nuestras inversiones para enfrentar un clima cambiante. Por cada peso invertido en resiliencia, la Comisión Global de Adaptación estima que lograremos 5 pesos de beneficio.
En 2015 y 2017 hubo cortes históricos de agua de Santiago. Las lluvias atemporales y en altura causaron aludes y aluviones que subieron la turbidez de los ríos que suministran el agua de Santiago, el Mapocho y el Maipo. Nuestro sistema sanitario tenía una tarifa regulada basada en una empresa eficiente. El modelo tarifario no reconocía que la resiliencia fuera un atributo de una empresa modelo y la SISS tardó años en reconocer que eran necesarias nuevas inversiones para garantizar el suministro de agua, y posteriormente transferir a tarifa esas inversiones. El resultado es lo que vimos el mes pasado: casi 150 millones de dólares de inversión en estanques de almacenamiento en Pirque y más inversiones que diversificaron las fuentes de agua de la región, permitieron que las lluvias en verano más torrenciales desde que se tiene registro, no causaron una interrupción de servicio. Pasamos susto, pero funcionó. Hoy somos una región más resiliente por esas obras, premiadas por la ONU por su innovación y destacadas como un ejemplo global de resiliencia en el sector privado. En otras regiones la solución ha sido otra, como el suministro de agua de Copiapó, que cuenta con una inversión estatal en la desalación que será operada por la empresa sanitaria con la finalidad de que no afecte la tarifa. En definitiva, la resiliencia debe pagarse, ya sea por la tarifa o por subsidio a la inversión desde el estado.
Lo ocurrido en Texas nos debería preocupar. Hemos visto los estragos que ha causado en la distribución y transmisión de energía eléctrica y en un sistema que privilegió bajar costos sin preocuparse en la resiliencia. El impacto de la ola de frío es inconcebible para un país desarrollado y nos obliga a preguntarnos qué pasaría acá. El invierno pasado hubo lluvias, cortes de luz, calles que se desbordaron, pero no eran anormales. En 2017 hubo nieve que generó cortes de varios días. Se inició una discusión sobre los electro-dependientes y la importancia de soterrar los cables, pero al momento de discutir que esto traerá alzas en tarifa, la discusión se para. Y hoy seguimos tan expuestos como hace 4 años. Es fundamental cerrar la brecha de infraestructura resiliente que crece año a año.
