¿Recuerdan cuando Álvaro Elizalde era presentado como el “hombre de Estado”, el “socialista razonable”, el que venía a devolverle la dignidad institucional al Ministerio del Interior? Bueno, resulta que la alfombra roja por la que caminaba con paso solemne estaba más sucia de lo que parecía.

Porque la Fiscalía ha decidido reabrir una causa que lo incomoda: la renovación exprés de su carnet de conducir en San Ramón, ese rincón del país donde los narcos no solo mandaban, sino que también empadronaban militantes e intervenían elecciones. Porque San Ramón no es solo un punto geográfico: es un símbolo. Es donde se fundió la política con la droga, el Estado con las mafias.

Sí, leyó bien. El jefe político del gobierno y que oficia de vicepresidente cuando el Presidente sale fuera del país, tiene una historia pendiente con la comuna que ha sido el emblema de la narcopolítica chilena. Y no es una anécdota menor. Porque aquí no hablamos de una fila que se saltó por error o de una distracción burocrática. Hablamos de una potencial red de favores, intereses y presiones que, según se sospecha, pudieron haber beneficiado al hoy ministro.

Cuando la Fiscalía decide reabrir una causa, no es por nostalgia. Es porque hay antecedentes. Es porque algo huele mal. Y en este caso, lo que huele es una podredumbre institucional que se arrastra desde hace años, una mezcla de omisiones, privilegios y amistades peligrosas.

El problema con Elizalde no es solo lo que hizo o dejó de hacer en San Ramón. El problema es que hoy, en pleno auge del crimen organizado, con los carteles tomando control territorial y con los homicidios desbordados, tengamos como principal autoridad del país a un hombre cuya historia está manchada por una decisión administrativa que podría haber sido facilitada por redes vinculadas al narco.

¿Puede un ministro del Interior estar políticamente capturado? Claro que sí. Basta con una carpeta de antecedentes en la Fiscalía, con un expediente que alguien sepa leer demasiado bien, con un favor devuelto a tiempo. ¿Qué capacidad real tiene Elizalde de enfrentar el narcopoder, si hay sombras del pasado que podrían condicionar su actuar?

El silencio del Ejecutivo es ensordecedor. El Presidente no ha dicho nada. Y Elizalde, el hombre de las frases solemnes, ahora solo atina a repetir que todo fue “regular”. Como si en Chile lo “regular” no fuera precisamente el disfraz favorito de la corrupción. La reapertura de esta causa no solo es un golpe a la credibilidad del gobierno, sino una amenaza a la seguridad nacional. Porque en tiempos donde la delincuencia se organiza, lo mínimo que se espera es que el ministro del Interior no tenga cuentas pendientes con una comuna donde los narcos definían hasta quién podía renovar el carnet.

¿Estamos diciendo que Elizalde es narco? No. Solo decimos que si esto fuera una serie, ya estaría en el capítulo donde el protagonista descubre que lo han estado grabando todo el tiempo. Porque el problema no es solo lo que hizo. El problema es lo que representa: el riesgo de tener a un ministro capturado, vulnerable, condicionado. ¿O alguien cree que se puede gobernar con un expediente de antecedentes en el clóset?

El país merece una explicación, no más evasivas. Pero sobre todo, merece un ministro del Interior que inspire confianza, no sospechas. La sombra de San Ramón no puede estar instalada en el corazón del poder y llegó la hora de que el Chapo Elizalde explique, con lujo de detalles, cómo sacó su licencia de conducir y a quiénes les debe el favor de esa aprobación irregular y exprés.

Por Cristián Valenzuela, abogado