El Chile que queremos

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Es necesario bajar las expectativas para evitar frustraciones que terminen gatillando nuevos episodios de violencia. De ahí la importancia de indagar sobre los verdaderos obstáculos que deben ser superados en un nuevo texto constitucional.



Acordar que es lo que queremos que diga la futura Constitución es tan complejo como relevante y, a medida que se acerca la elección de Convencionales Constituyentes, se hacen más evidente las profundas diferencias acerca de qué es lo que queremos que el texto constitucional diga.

Establecer con objetividad cuáles son los problemas que buscamos resolver con una nueva Carta tiene particular importancia en un país tradicionalmente legalista como Chile, donde la Constitución y las leyes se venden en los kioscos y donde, con frecuencia y en ocasiones con éxito, se pretende entregar a la ley la resolución de asuntos como las tareas escolares, el día del rock o la necesidad de una siesta.

Lo que resulta preocupante es que el debate constitucional no está ajeno a esta tentación. El mayor riesgo que encierra esta tendencia maximalista en los contenidos constitucionales es la idea de que expresando en ella las aspiraciones ideológicas de los distintos sectores políticos, los problemas desaparecerán y nacerá un nuevo orden social que responderá satisfactoriamente a las demandas que motivaron el inicio de esta travesía.

Ante esto, es necesario bajar las expectativas para evitar frustraciones que terminen gatillando nuevos episodios de violencia. De ahí la importancia de indagar sobre los verdaderos obstáculos que deben ser superados en un nuevo texto constitucional, introduciendo en el debate análisis empírico, mediciones rigurosas y criterios técnicos sobre el funcionamiento de instituciones y normas, a fin de facilitar el trabajo de los Convencionales, el diálogo y los consensos.

Según señala Carlos Peña en su libro Pensar el malestar, el desafío que debe encarar cualquier proceso constituyente es decidir cómo es que debemos vivir. Tarea que no resulta nada fácil, principalmente, debido a que es necesario distinguir y armonizar los anhelos de los individuos y las preferencias colectivas.

Por tanto, el cambio constitucional debe estar abierto a la participación ciudadana, permitiendo que esta pueda opinar e introducir en la discusión legítimas aspiraciones y temas pendientes, -como la incorporación de una perspectiva de género o el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas- cuidando la funcionalidad de estos aportes al trabajo de la Convención.

Nos acercamos a las elecciones del 11 de abril y el ambiente que vivimos sigue siendo desafiante para el éxito del proceso constituyente. La violencia -que se ha vuelto rutina- gravita sobre la gobernabilidad y la urgente reactivación económica.

Es tarea de todos contribuir a la recuperación del orden público, el retorno de la deliberación democrática a los causes institucionales y al fortalecimiento de la confianza en las instituciones representativas. Solo así podremos decidir libre y consensuadamente el Chile que queremos.

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