El claroscuro de los gobiernos de la Concertación

Los gobiernos de la Concertación marcan un hito muy positivo en la historia política chilena, en la medida que consolidaron un régimen democrático, ampliaron las libertades y resolvieron, aunque solo parcial y tardíamente, algunos de los temas respecto de las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, así como que redujeron la pobreza, mejoraron las condiciones de vida de los chilenos y de sus sectores populares y medios, generaron crecimiento económico y modernización general de la sociedad.

Pero esto es una visión unilateral. A la hora del balance, cabe hablar de la doble cara de los gobiernos de la Concertación. Por un lado, fueron gobiernos que hicieron avanzar sin duda mucho al país, pero que, por otro, fracasaron en superar el modelo económico social heredado de la dictadura y su ordenamiento institucional -recordemos que se trata de uno de los modelos más radicales del mundo en materia de extrema mercantilización de todas las relaciones sociales, individualismo, concentración del poder y la riqueza, y desigualdad en los diversos ámbitos, endeudamiento masivo, etc. Los gobiernos de la Concertación, si bien corrigieron algunos de sus aspectos, terminaron consolidándolo, y en algunos casos profundizándolo.

Y en el plano político-institucional, junto con terminar con la dictadura y democratizar parcialmente el país, se cometía el gran error de anunciar las reformas constitucionales, sin duda importantes, como “la Constitución democrática del siglo XXI”, en que lo esencial de ella, la preservación del modelo económico social, quedaba sin tocar. Por otro lado, la promesa no cumplida de superar dicho modelo, las fallas de ética política de todo el mundo institucional, el estilo político elitario y cerrado, erosionaron la articulación entre política y sociedad que había sido el rasgo principal de la historia chilena, como se expresara en el plebiscito de 1988, dejando a la política girando en torno a sí misma y a los actores sociales sin los mecanismos principales de su constitución como tales.

Las movilizaciones de 2011-2012 pusieron en la escena nacional estos problemas y la necesidad de un proceso refundacional en lo económico social y en lo político. El programa de Michelle Bachelet, cuyo gobierno amplió la coalición más allá de la Concertación, recogió esta demanda y por primera vez desde el regreso de la democracia estuvimos ante un proyecto histórico de superar el orden económico social y político heredado. La radical oposición económica política y comunicacional, las diferencias internas en la coalición respecto del programa, especialmente del centro político, las dificultades del liderazgo presidencial, llevaron a una crisis y ruptura de la coalición gobernante que se expresó en el triunfo de la coalición de derecha liderada por Piñera.

Y así el cansancio por el predominio de un modelo de sociedad en que el abuso y la desigualdad se hacen presentes en todos los ámbitos de la vida social, más allá de la mejoría en las condiciones materiales, y la ausencia de una respuesta por parte del mundo político institucional, llevan al estallido social de octubre de 2019. Lo que se abre es un proceso de profunda recomposición de la relación entre política y sociedad, en que los actores principales de las últimas tres décadas han perdido vigencia y legitimidad. La tarea fundamental es, aceptando esta doble cara de los gobiernos de la Concertación, abrir camino a la constitución no solo de nuevos actores políticos, sino de una nueva relación con la sociedad y con proyectos claros de superación de la sociedad post pinochetista.