Por Eugenio Celedón, socio fundador de Hidrogestión; past president Alhsud Chile
En Chile, el Código de Aguas ha sido siempre un tema complejo. El vigente demoró 12 años en ver la luz y la reciente aprobación de su reforma tardó otros 10 más, todavía sujeta a lo que resuelva la Convención Constitucional. Sin duda es positivo que se lograra un acuerdo unánime, ya que busca brindar estabilidad al abastecimiento de agua potable, con prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.
No obstante, para un esfuerzo de cambio de tan largo aliento, lo apropiado sería que constituyera una mirada integral, de largo plazo y visión de futuro, considerando el desarrollo regional mediante una gestión de cuencas. En concreto, se requiere primero una definición de gestión hídrica a nivel de cuenca principal, es decir, desde cordillera a mar, acompañada de un Código que incorpore todas las aguas que pueden llegar a ser administradas por la cuenca, sumando a las superficiales y subterráneas, también las desalinizadas, las tratadas, las trasvasadas, entre otras, integrándolas al volumen anual disponible para atender las demandas locales.
Asimismo, se necesita una mirada flexible y eficaz donde se fomente la capacidad ejecutiva de las organizaciones de usuarios locales y exista el control necesario de los organismos fiscales regionales para proteger el bien común, con el compromiso derivado de las obligaciones que significan el esfuerzo de gestión del recurso hídrico, para el sector público y los privados.
El primer paso concreto en esta dirección lo hizo la Mesa Nacional del Agua, que propuso la generación de planes estratégicos de gestión hídrica (PEGH) para cada una de las 101 cuencas del país con meta al 2030, esfuerzo que ya comenzó la DGA-MOP para contar con cerca de 60 planes concluidos al 2022. Estos se enfocan en definir la mejor combinación de uso de los recursos hídricos en las cuencas, buscando soluciones de infraestructura y capacidad de gestión que permitan resolver las brechas de demanda de mediano y largo plazo.
Si bien la elaboración de PEGH es uno de los elementos clave de la modificación del Código de Aguas, no quedará bien resuelto si no se asocian derechos con responsabilidades, como la participación activa de los usuarios en los organismos de gestión y el compromiso del Estado y sus organismos regionales en el financiamiento de obras y programas, de manera que puedan ejecutarse de forma continua y no dependan, como hasta ahora, de cada gobierno. De otra manera, será letra muerta sin la necesaria capacidad de implementación.
No basta con robustecer una Subsecretaría de Recursos Hídricos, si no se descentraliza la estructura administrativa, mediante un consejo de cuencas con una secretaría técnica donde, estructuradamente y con roles claros, participen las autoridades regionales, representantes de la ciudadanía, las organizaciones de usuarios, las universidades y la investigación, comprometiendo su participación activa sobre la base de su optimización y gestión, que permita el desarrollo de las regiones y evite el éxodo hacia otros lugares en busca del agua. Eso es mirar el Chile que queremos a largo plazo.
